El Gobierno de Israel ha anunciado que 37 ONG, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF) y Oxfam, han incumplido los nuevos requisitos establecidos por ley para registrarse y obtener permiso a fin de llevar a cabo sus actividades humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados, por lo que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, dirigido por Amichai Chikli, ha detallado en un comunicado que las licencias de estas organizaciones serán revocadas a partir del 1 de enero y deberán completar el cierre de sus operaciones en un plazo de 60 días antes del 1 de marzo.

Ls autoridades israelíes habían pedido a las ONG que presentaran en un plazo de diez meses una serie de documentos sobre su organización y operaciones, incluyendo una lista de todos los empleados, como parte de una nueva normativa de registro que permite denegar permisos si son, por ejemplo, sospechosas de colaborar con “organizaciones terroristas” designadas como tales por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ha indicado que “la inscripción continúa abierta”, por lo que “las organizaciones aún pueden postularse y las solicitudes continuarán siendo revisadas y procesadas”.

Sin su incorporación a este registro, las ONG no pueden incluir a personal internacional con conocimientos técnicos, por ejemplo en salud, agua o saneamiento, ni introducir suministros de ayuda esenciales a través de las fronteras controladas por Israel hacia Gaza o Cisjordania. La fecha límite original para cumplir los requisitos era el 9 de septiembre, si bien el Gobierno la extendió “de buena fe” hasta el 31 de diciembre.

“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria”, ha destacado Chikli, según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que esta decisión “no afectará en el futuro el volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza”.

“Las organizaciones que recibieron la notificación de la suspensión de sus actividades en la Franja de Gaza no transportaron ayuda a Gaza durante el alto el fuego vigente, e incluso en el pasado, su contribución combinada solo representó alrededor del 1 por ciento del volumen total de ayuda”, ha aseverado.

En este sentido, ha argumentado que el endurecimiento de las condiciones en el registro “tiene como objetivo prevenir la explotación de la ayuda por parte de Hamás, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales de ayuda, consciente o inconscientemente”.

Asimismo, el COGAT ha acusado a MSF de negarse a proporcionar al Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel una lista de sus empleados en virtud de las nuevas normas de registro, que también permiten denegar permisos operativos a entidades que “promuevan la deslegitimación del Estado de Israel” o nieguen “su existencia como Estado democrático”.

La directora senior Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha resaltado en redes sociales que la decisión de prohibir el acceso a Gaza a organizaciones humanitarias “no solo es un escándalo”, sino “una escalada deliberada de su genocidio contra los palestinos”.

“Bloquear ayuda vital mientras la población civil se enfrenta al hambre, las enfermedades y los bombardeos, a pesar del supuesto alto el fuego, es una flagrante violación del Derecho Internacional y un atentado contra la humanidad misma. Se trata de un castigo colectivo de escala catastrófica”, ha sentenciado.

Las autoridades israelíes aseguraron que en junio de 2024, un miembro de Yihad Islámica fue identificado como trabajador de MSF, mientras que en septiembre de 2024, otro empleado de la citada ONG fue identificado como francotirador de Hamás.

Los organismos de la ONU y las ONG que trabajan en Gaza exigieron el levantamiento “inmediato” de los obstáculos al acceso y a las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado, aludiendo a que la labor de estas organizaciones es “insustituible”.

Diez países piden a Israel que abra nuevos cruces y aumente la ayuda a Gaza ante las lluvias e inundaciones

Un total de diez países occidentales han pedido a Israel que incremente el flujo de ayuda a la Franja de Gaza ante las fuertes lluvias e inundaciones en el enclave, además de abrir nuevos cruces y garantizar que las organizaciones puedan operar de forma “sostenida” ante las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes.

Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han advertido en un comunicado conjunto que 1,3 millones de personas necesitan “apoyo urgente” en materia de vivienda.

“Más de la mitad de los centros de salud funcionan sólo parcialmente y carecen de equipo y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura de saneamiento ha dejado a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones”, han resaltado.

Pese a que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) suspendió en diciembre su declaración de estado de hambruna en Gaza, la mayoría de la población todavía se enfrenta “a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda”.

“Si bien la cantidad de ayuda que llega a Gaza ha aumentado desde el alto el fuego, la respuesta sigue siendo muy limitada por los obstáculos persistentes al acceso humanitario”, han subrayado, agregando que es necesario levantar las restricciones a las importaciones consideradas “de doble uso”, que afectan a equipo médico y de refugio.

Si bien han celebrado la apertura parcial del paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, que conecta Jordania con Cisjordania y que se encuentra bajo control de las tropas de Israel, han lamentado que “otros corredores sigan estando cerrados o restringidos”, incluyendo el cruce de Rafá, algo contemplado en el plan para poner fin a las hostilidades en Gaza.

Asimismo, han advertido de que las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes podrían provocar el cierre forzoso, a partir del 31 de diciembre, de las operaciones de muchas ONG tanto en Gaza como en Cisjordania, lo que tendría “graves repercusiones en el acceso a los servicios esenciales, incluida la asistencia sanitaria”.

“Cualquier intento de limitar su capacidad de operar es inaceptable. Sin ellas, será imposible satisfacer todas las necesidades urgentes en la escala requerida”, han detallado, agregando además que es fundamental que Naciones Unidas y sus asociados puedan continuar su “labor vital”.

Por otro lado, han instado a las milicias palestinas a entregar el cuerpo del último rehén que permanece retenido en Gaza, además de el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se “desarme y renuncie a la violencia” de conformidad con el plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde el pasado 10 de octubre rige un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de las acusaciones de Israel y Hamás de estar boicoteando la hoja de ruta acordada para poner fin a más de dos años de ataques sobre el enclave palestino, que han dejado ya más de 71.000 muertos y una severa crisis humanitaria.

Después de la entrega de los rehenes tal y como marcaba la primera fase del plan de paz, la segunda aborda, entre otras cuestiones, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos, si bien la milicia palestina ha dado señales de no estar por la labor de dejar las armas.