El anuncio que realizó hoy Laura Fernández en el traspaso de poderes para supuestamente ampliar el año carcelario y eliminar los beneficios de reducción de penas terminó siendo una farsa, según afirman abogados penalistas del país.

Resulta que el año carcelario ya tiene 360 días, de manera que no se trata de “dictar” en lugar de 8 o 9 meses pase a 12 meses, no es más que un acto de populismo, porque tanto la presidenta Fernández como sus asesores jurídicos o expertos deberían saber que eso no es así.

El abogado penalista Gerardo Huertas Angulo explicó mediante un video que existe una percepción popular equivocada sobre el tema, porque les han dicho que el año carcelario disminuye, pero eso no es así para todos los privados de libertad ni es regla general. Lo que existe es un sistema de reducción de la pena o beneficios penitenciarios posibles si los convictos cumplen requisitos como buen comportamiento, días de trabajo y son parte de programas de reinserción en la sociedad.

El diputado y abogado Edgardo Araya coincide: “resulta importante aclarar que el sistema no implica una reducción automática de las penas impuestas, sino que el eventual descuento o rebajo depende de los supuestos previstos expresamente en la ley. En ese sentido, el artículo 55 del Código Penal contempla mecanismos de descuento vinculados al trabajo y otras actividades autorizadas dentro del sistema penitenciario, bajo supervisión y control judicial”.

Los privados de libertad reciben el beneficio de un día menos de cárcel a cambio de 2 días de trabajo en sus centros penitenciarios, según establece la ley. Tenga presente que en una cárcel hay personas por múltiples delitos, desde quienes no pagaron la pensión alimentaria hasta quienes cometieron asesinato, de manera que la reducción no aplica para todos.

Esos beneficios son de reserva de ley, eso quiere decir que solamente se pueden eliminar mediante la Asamblea Legislativa, no a través de un simple decreto presidencial, lo que según parece “expertos” como Juan Diego Castro o Fabián Silva olvidaron en su asesoría a Casa Presidencial.

Araya Sibaja lo dice: “debe recordarse que mediante un decreto ejecutivo no puede modificarse, limitarse ni variarse lo dispuesto por una norma de rango legal, particularmente en materia penal y de ejecución de la pena, donde rige el principio de legalidad”.

No obstante, el diputado aclara que esa discusión debe darse en la seriedad del marco legal y del conocimiento, por lo que no descarta que haya un debate legislativo sobre el tema. Araya se refirió brevemente a los sucedido:

Del mismo criterio son decenas de abogados que han comentado al respecto, en diferentes espacios de interacción profesionales y redes sociales. Según Huertas, como otros penalistas, se trata de un acto de “burdo populismo” para engañar a los seguidores del chavismo.

“Es una mentira para venderlo humo a los incautos y hacerles pensar hacer algo que es materialmente irrealizable”, afirma Huertas.

No es la primera vez que el Poder Ejecutivo chavista crea una falsa medida, que es ilegal o inconstitucional, para luego culpar a los demás actores políticos -como el Poder Judicial o la Sala Constitucional- de no poder hacer las cosas. Según la oposición, se trata de una estrategia en la narrativa chavista para seguir engañando personas que desconocen cómo funciona la legalidad.

Según parece la presidenta Laura Fernández quiere seguir el mismo patrón.

Huertas los explica así: