La ministra Laura Fernández reclama abuso de poder y hostigamiento de la Fiscalía General de la República por detener hoy en la mañana a Marta Esquivel y otros directivos de la CCSS por un caso de sobreprecios por 12 mil millones de colones que fue impuesto a la fuerza aunque ya existía otra licitación en proceso con 2 años.

No fue el presidente Rodrigo Chaves quien salió a rebatir la acusación este lunes, sino la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien adujo tener indicaciones del presidente Rodrigo Chaves para manifestarse.

Mediante un video, Fernández realiza una serie de acusaciones contra la Fiscalía, entre las que menciona “abuso de poder”, “hostigamiento” y una supuesta intimidación de la Fiscalía en contra del Gobierno.

“El pueblo, la democracia y el Gobierno, no debemos tolerar abusos de poder de parte de ninguna institución pública, en este caso de la Fiscalía General”, afirmó.

Según la jerarca, las actuaciones de la Fiscalía son abusivas tanto moral como éticamente, sin embargo omitió referirse al contenido legal. Afirmó que la acusación primordial es de prevaricato, “cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si ni siquiera la adjudicación del contrato está en firme, apenas está en revisión de la Contraloría”, afirmó Fernández.

La Fiscalía informó, sin embargo, esta mañana que la denuncia se realiza por la denuncia de la Auditoría Interna y los mismos insumos que la Contraloría General de la República emitió sobre el caso con base en las pruebas.

Además, la Fiscalía informó que “los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024”, según la información oficial del Ministerio Público.

Fernández cuestionó, además, el porqué no se les convocó a los tribunales y se hicieron allanamientos, entre otros aspectos:

El fiscal Carlo Díaz argumentó mediante un video que “se denunció una injerencia directa de la junta directiva de la CCSS para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar es curso, con esta nueva licitación se causa un perjuicio al estado de más de 12.400 millones de colones al año”.