Una acción de inconstitucionalidad por la ley de extradición de nacionales a otros países fue rechaza de plano por la Sala IV, al considerar en sentencia 2025-024826, que “no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de las reformas constitucionales”, en el caso particular de la reforma constitucional que dio pie a la Ley n.° 10730, que cambió el artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.

El magistrado Fernando Cruz Castro salvó el voto y dio curso a la acción de inconstitucionales, mientras los magistrados Rueda Leal y Araya García y la magistrada Hess Herrera consignaron razones diferentes a las de la mayoría.

Según la mayoría de la Sala “su competencia se limita a verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución Política para su aprobación o que haya un vicio de competencia por parte del poder reformador al rebasar los límites cuantitativos o cualitativos, en este último supuesto, modifique los aspectos esenciales de la organización política, del modelo económico, de la organización administrativa territorial o conculque, ampute, elimine el contenido esencial de un derecho fundamental, situación que no se da en este caso”.

Y en este caso no se alegaron ni acreditaron vicios en el procedimiento o de competencia“, por lo que la acción es improcedente.

El recurrente alegó en su recurso que la ley de extradición “vulnera varios derechos fundamentales, como el derecho a no ser desarraigado de la patria, la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, el principio de soberanía y territorialidad, la garantía del juez natural, y la prohibición de retroactividad”.

Además, “sostiene que la reforma se adoptó sin denunciar previamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual protege de manera expresa el derecho a no ser expulsado del país del cual se es nacional, y que su aplicación podría generar responsabilidad internacional para el Estado costarricense”.

Sin embargo, esas consideraciones no proceden para estudio, según la resolución ad portas de la Sala.

Este caso adquiere relevancia ante la solicitud de extradición sobre el ex magistrado Celso Gamboa y varias personas ligadas al narcotráfico, quienes son solicitadas por un Juzgado de Texas, Estados Unidos.