Por Francisco Alvarenga* | Los nuevos esquemas laborales plantean una preocupación fundamental: la reducción de las garantías históricas de los trabajadores, la modificación de las jornadas y la disminución del reconocimiento económico de las horas extraordinarias.
Estamos frente al riesgo de un retroceso progresivo de derechos laborales conquistados durante más de cien años de luchas sociales. La modernización del trabajo no debería convertirse en un mecanismo para debilitar la protección salarial, el derecho al descanso ni la dignidad de las personas trabajadoras.
Dependiendo de la profesión y del tipo de actividad, muchos hemos experimentado jornadas de doce horas o más, y todavía las seguimos realizando. Esto ocurre especialmente entre quienes trabajamos en producción, proyectos personales o profesiones liberales, donde el trabajo se mide por resultados y no necesariamente por horarios. Pero aquí está la diferencia fundamental: es una elección propia. Quienes trabajamos de esta manera tampoco contamos, por regla general, con aguinaldo, vacaciones pagadas ni incapacidades remuneradas como las de un trabajador asalariado.
Sin embargo, pretender trasladar estas condiciones a trabajadores subordinados, imponiéndoles jornadas prolongadas para reducir los costos patronales y evitar el pago de horas extraordinarias, constituye una profunda injusticia. La modernización laboral no puede convertirse en una excusa para desmantelar derechos conquistados durante más de cien años.
Cuando el trabajador pierde la libertad real de decidir sobre su tiempo y se le exige trabajar más sin la remuneración que le correspondería bajo la jornada ordinaria, estamos ante una forma de explotación laboral que, por su gravedad, recuerda prácticas de servidumbre que creíamos superadas.
Es profundamente engañoso pretender convencer al pueblo costarricense de que, para competir en los mercados internacionales, debemos sacrificar los derechos laborales conquistados durante más de cien años. La competitividad de un país no debería construirse sobre la reducción de las garantías de sus trabajadores, sino sobre la productividad, la innovación, la educación y el desarrollo tecnológico.
Costa Rica debe aspirar a competir mediante mejores condiciones de trabajo, no mediante su deterioro. Son precisamente los países donde existen menores protecciones laborales los que deberían avanzar hacia estándares más elevados de justicia social y dignidad humana, y no nosotros retroceder para igualarnos a ellos.
El progreso de una nación no puede medirse por cuánto logra abaratar el trabajo de su gente, sino por cuánto consigue mejorar su calidad de vida.
Resulta todavía más incomprensible observar cómo diputados elegidos por el pueblo costarricense impulsan iniciativas que, lejos de proteger los derechos de quienes les otorgaron su representación, parecen responder a los intereses de una minoría que concentra el poder económico, controla buena parte de los medios de producción y posee una influencia determinante sobre las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.
Es lamentable que, en lugar de procurar un equilibrio justo entre el capital y el trabajo, se promuevan reformas que podrían profundizar esa desigualdad, favoreciendo precisamente a quienes no solo poseen los medios de producción, sino que también tienen en sus manos las principales palancas del poder económico.
Acusar al Frente Amplio y a los diputados que se oponen a este proyecto de pretender eliminar puestos de trabajo en Costa Rica constituye una descalificación que no demuestra, por sí misma, cuáles serían los efectos reales de su posición sobre el empleo. Oponerse a una reforma laboral no equivale a oponerse a la generación de oportunidades de trabajo, sino que puede responder a la defensa de garantías constitucionales y derechos laborales.
Tampoco faltan quienes respaldan estas iniciativas sin conocer plenamente sus implicaciones, mientras que los intereses económicos y políticos que promueven la reforma merecen un examen público y transparente. El debate debe centrarse en las consecuencias reales del proyecto, no en desacreditar a quienes cuestionan sus disposiciones.
Hemos vivido cuatro años y medio marcados por discursos económicos cuestionables, proyectos carentes de una planificación coherente e inversiones públicas cuya utilidad y ejecución merecen un serio escrutinio, como las polémicas intervenciones en la ruta 32, incluidas las llamadas «rotondas cuadradas».
Al mismo tiempo, hemos presenciado decisiones presupuestarias que generan profunda preocupación por sus consecuencias sobre las instituciones sociales que constituyen la columna vertebral de nuestro país. Lo verdaderamente inquietante es observar cómo el debate público se ha transformado, en demasiadas ocasiones, en una confrontación donde se desacredita a quienes cuestionan las decisiones del poder. Pareciera que algunas personas han renunciado a examinar críticamente lo que se les presenta como una verdad absoluta, delegando su criterio en discursos políticos que aceptan sin mayor cuestionamiento. Pero pensar por cuenta propia no significa tener siempre la razón; significa conservar la capacidad de preguntar, contrastar, analizar y aprender de la experiencia.
Una sociedad democrática no se fortalece con ciudadanos que repiten consignas, sino con personas capaces de cuestionar incluso aquello que sus propios gobernantes les presentan como incuestionable.
*Arquitecto.
Este artículo de opinión representa solamente el criterio y pensamiento de quien lo firma. El autor asume cualquier responsabilidad social o legal de lo expresado. Culturacr.net no se hace responsable por consecuencias generadas a partir de esta opinión. Si desea publicar en este medio, contáctenos según estos datos.
Leave a Reply