El Poder Judicial revisará salarios de sus funcionarios “para enfrentar fenómeno de fuga de cerebros”, según se informó en un comunicado este día.
Un acuerdo de la Corte Plena de este lunes 15 de enero refiere a evaluar si los salarios son atractivos para los funcionarios o si, por el contrario, esta fuga de talentos deja al Poder Judicial en una condición de desventaja.
La agenda de la Corte Plena fue alterada para tratar este tema prioritario, a raíz de la renuncia de un odontólogo forense del OIJ, una noticia que trascendió y planteó la carencia de recursos para combatir el crimen organizado.
El acuerdo consiste en encargar a la Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público “un informe sobre la política salarial de la institución y la situación de las personas funcionarias en ese campo”.
Según el registro del Poder Judicial, entre el 2018 y el 2023 se tienen 834 renuncias de funcionarios que, se supone, pasan al sector privado, donde podrían devengar mejores recursos.
El informe busca “idear acciones y estrategias para afrontar la fuga de cerebros, tema que se volvió a poner sobre la mesa a raíz de la carta de renuncia de un odontólogo forense del Organismo de Investigación Judicial– enviada al Consejo Superior la semana pasada– en la cual denuncia la problemática de los salarios en el Poder Judicial como consecuencia de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público, por ejemplo”, detalla el comunicado de la Corte Plena.
A la comisión citada también se agregará la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia, quien fue la que presentó la propuesta de revisar la política salarial. La magistrada Chacón manifestó así la situación:
“A esta acción se suman otras iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones laborales del funcionariado, tal es el caso de la Política Integral de Bienestar y Salud Laboral del Poder Judicial, la cual será presentada a la Corte en las próximas semanas, la propuesta plantea implementar beneficios para las personas trabajadoras y optimizar el ambiente laboral”, detalló el comunicado del Poder Judicial.
“Desde el Poder Judicial, la renuncia de personas funcionaras es un tema que
nos preocupa y nos ocupa; hemos insistido ante la opinión pública sobre la
necesidad de tener las mejores personas profesionales y técnicas, en buenas
condiciones laborales, para garantizar una administración de la justicia eficiente, eficaz y que responda oportunamente a las necesidades del país. El reto que tenemos, y en el cual trabajamos, es crear estrategias con la Dirección
de Gestión Humana para mantener y atraer personas calificadas, tanto en el área jurisdiccional, como en el Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública y el ámbito administrativo”, manifestó el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez.
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