Mediante una manifestación pública, 5 países apoyan proyecto costarricense para prohibir las supuestas “terapias de conversión sexual”.

Se trata de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, España y Colombia, quienes expresaron mediante un pronunciamiento dirigido a los legisladores y legisladoras de Costa Rica que apoyan el proyecto número 20.970 que se encuentra en la corriente legislativa.

La iniciativa del Frente Amplio busca prohibir ese tipo de intervenciones que, según aducen las representaciones firmantes, “ponen en riesgo la dignidad intrínseca de quienes se someten a estos procesos”.

El proyecto, que adversa la fracción evangélica de Nueva República, se enfrenta también al criterio de algunos diputados conservadores de otras fracciones legislativas, sin embargo, parece tener el apoyo suficiente para seguir adelante.

La misiva de estas 5 representaciones diplomáticas plantea a las diputadas y diputados del Congreso que, “reconociendo el rol central que ustedes tienen en la protección de los derechos humanos, quisiéramos compartirles a través de esta carta, nuestra firme convicción de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI+) tienen derecho al reconocimiento de sus derechos humanos universales, incluidos los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes”.

Los países afirman que estas terapias implican precisamente tratos inhumanos y degradantes que deben prohibirse, “para erradicar la violencia y la discriminación” que aún se da en contra de esas personas diferentes.

Indican, además, que esas supuestas terapias son uno de los flagelos que aún quedan en nuestros países contra la dignidad de esa población.

Según los firmantes, se trata de “prácticas que buscan cambiar, alterar o suprimir las identidades LGBTQI+. Algunos ejemplos incluyen: terapias de conversión forzada o involuntaria, descargas eléctricas, uso de drogas u hormonas, cirugía, detención o encarcelamiento, “violación correctiva”, celibato, institucionalización psiquiátrica, inanición, esterilización involuntaria y/o embarazo o crianza de niños y niñas”.

“Dependiendo del contexto, la gravedad del dolor y el sufrimiento físico o mental que causan, pueden compararse a tratos crueles, inhumanos y degradantes, o incluso tortura. Tales prácticas degradan y discriminan intrínsecamente a las personas LGBTQI+ al patologizar falsamente la orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales”, agrega la carta enviada.

Estos países defienden que hay estudios y expertos médicos de todo el mundo, que “han constatado que este tipo de intervenciones carecen de credibilidad científica y utilidad clínica; y que suelen causar traumas psicológicos y físicos profundos y duraderos a las personas afectadas. Sus devastadores impactos incluyen ansiedad, depresión, baja autoestima, suicidio o pensamientos suicidas, y también representan una afrenta directa a los derechos humanos”.

Además, recuerda que hay diversas organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y Amnistía Internacional, que han manifestado su oposición a “estas prácticas dañinas, peligrosas y fraudulentas”.

El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, manifestó que lo único que hay detrás de esas prácticas es el odio: