EP* | Los sindicatos y la exdiputada del Frente Amplio (FA) Rocío Alfaro presentaron un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó su designación como representante del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El movimiento sostiene que la decisión del Ejecutivo carece de fundamento legal y vulnera la autonomía de la institución.

La exdiputada Rocío Alfaro fue escogida por los sindicatos para representar a esos grupos agremiados ante la junta directiva, pero el Gobierno rechazó el nombramiento. Estos manejos ilegales y autoritarios no son nuevos en la administración chavista, porque ya en el año 2023 despidió y sustituyó a representantes de trabajadores y cámaras en la directiva, ante una amplia oposición de médicos y sindicatos.

La Sala Constitucional, posteriormente, restituyó a los directivos, quienes terminaron su período, pero la arbitraria decisión significó severos retrasos en las decisiones fundamentales de la institución, entre ellas el avanzar en la infraestructura -hospitales, clínicas y ebáis- y adquisición de equipos, que hoy son escasos en varias regiones del país.

No es extraño que ahora incidan en la misma práctica, a sabiendas de que la Sala está sin magistrados suplentes porque el Gobierno no quiere nombrarlos en el Congreso y, en consecuencia, demora más con las resoluciones.

El recurso para hacer valer el derecho sindical

La apelación busca revocar el acuerdo mediante el cual el Consejo de Gobierno dejó sin efecto el nombramiento de Alfaro y de Martha Rodríguez como representante suplente del sector sindical. Según las organizaciones, el Ejecutivo excedió sus competencias al rechazar una designación que, afirman, corresponde exclusivamente al movimiento sindical.

En el recurso, los sindicatos argumentan que el Gobierno únicamente tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Constitutiva de la CCSS, pero no de valorar discrecionalmente a las personas electas ni de imponer condiciones adicionales para su nombramiento.

Alfaro aseguró que la decisión del Ejecutivo representa una injerencia política en la autonomía de la Caja y advirtió que la falta de integración de la Junta Directiva mantiene paralizado el máximo órgano de decisión de la institución, con efectos sobre la aprobación de acuerdos relacionados con presupuesto, inversiones y prestación de servicios de salud.

El conflicto comenzó cuando el Consejo de Gobierno consideró que no cumplía con los requisitos legales para integrar la junta directiva. Entre los argumentos expuestos por el Ejecutivo figuran presuntas deficiencias en experiencia y conocimientos en materia económico-social, además de otros cuestionamientos relacionados con su idoneidad.

El movimiento sindical rechazó esos argumentos y calificó la decisión como arbitraria. Además del recurso administrativo, las organizaciones han advertido que agotarán todas las vías legales, nacionales e internacionales, para defender la designación realizada por los sindicatos.

Mientras se resuelve la impugnación, la junta directiva de la CCSS continúa sin estar plenamente integrada, situación que impide al órgano sesionar con normalidad y adoptar decisiones estratégicas para la institución.

La no conformación de la junta es un caballo de Troya para destruir desde dentro, inutilizándola, a la institución y es una práctica común del chavismo, ha dicho la oposición al actual gobierno, así como los gremios y sindicatos de la salud.

*Con información de El Periodicocr en alianza informativa.