Un informe de la Contraloría General de la República de nuevo deja en evidencia que todo es desmejora en los servicios educativos que ofrece el estado costarricense.

El informe es tan contundente y decepcionante que encuentra desmejoras en “cobertura, acceso, desempeño, calidad y eficiencia, entre otros aspectos relevantes de los servicios educativos” que brinda el Ministerio de Educación Pública -MEP.

La gran importancia de esta lamentable y reiterada situación es que, según la Contraloría, “el MEP es el proveedor por excelencia de servicios educativos para poblaciones más vulnerables, como personas en condición de pobreza, discapacidad, ruralidad, indígena, o quienes requieren horarios nocturnos -sic-“.

Lo primero que da a conocer el informe, que ya conocíamos bien, es el rebajo de la asignación de recursos, de un 7,07% del PIB en 2017 a un 5,21% en 2023, el más bajo de la historia reciente.

En cuanto al deterioro de cobertura y acceso, el órgano contralor revela que “la tasa neta de escolaridad en primaria alcanzó el 93,6% en 2023, muy por debajo del rango de 98% del periodo 2010-2011, de igual forma en preescolar y secundaria se mantienen por debajo del 90%”.

Se reitera de nuevo la “baja cobertura en distritos de menor desarrollo social y brechas en la cobertura de asignaturas especiales e inglés”, como ya se venía conociendo en años anteriores, lo que implica que en lugar de mejorar, el asunto sigue en picada.

Y más preocupante aún es que el desempeño de los estudiantes es cada día más pobre, “evidenciado en resultados de pruebas como PISA, admisión de universidades estatales, pruebas de dominio lingüístico de la UCR, entre otros”.

La Contraloría también alerta sobre la “inestabilidad en la implementación de instrumentos evaluativos, desde la eliminación de las pruebas de bachillerato, afecta la disponibilidad de información crítica para toma de decisiones y la mejora continua del sistema educativo”. La eliminación de esas pruebas, de las pruebas Faro posteriormente, para llegar a la improvisación de las actuales “pruebas”, evidencian algo que la Contraloría no dice, pero que se refleja en la calidad educativa de los graduados de instituciones públicas regulares.

Además, la Contraloría muestra que hay “bajos niveles de transformación digital, con ausencia de información que facilite el procesamiento, ralentizando la capacidad de transformar datos para toma de decisiones”.