Gustavo A. Araya Martínez* | Este miércoles Chaves firmó un decreto que eleva el Impuesto Selectivo de Consumo a los vehículos eléctricos, del 6% al 30%, de forma escalonada. Lo presentó como una decisión contra lo que llamó la “estafa intelectual” de la descarbonización (si así fuera ¿le tomó cuatro años darse cuenta?).

Lo interesante es que la reforma de 2022 ya ordenaba esa reducción gradual de la exoneración, con la totalidad del impuesto vigente en 2034. El gobierno tomó un trámite legal automático y lo presentó como gesto propio (al chavismo le encantan las medallas ajenas), el mismo día en que insistía en que no sube impuestos. Así que quien compre un eléctrico paga más con este nuevo decreto, exista mandato legal previo o no.

La pregunta que vale la pena hacer no es si el gobierno mintió sobre el origen legal de la medida. La pregunta es por qué elige, entre todos los tributos que podría subir o bajar, encarecer justo el vehículo que depende menos del combustible fósil. Justo el que más ayuda a los bolsillos de las personas costarricenses.

Ahí aparece un dato que Hacienda ya calculó por su cuenta. Según estimaciones propias del ministerio, publicadas por El Financiero en junio de este año, la descarbonización vehicular le costará al fisco un promedio de 0,09% del PIB al año en recaudación perdida. El golpe recae sobre el Impuesto Único a los Combustibles, el marchamo, el propio Impuesto Selectivo de Consumo, aranceles de importación y el IVA asociado a la venta de vehículos y combustible. El mismo ministerio de Hacienda advierte que ese faltante, sin un ajuste equivalente de gasto (bajar gasto, como escoltas, salarios millonarios de jerarcas, gastos en publicidad y comunicación de Zapote, entre otros), se traduce en más deuda.

Ese cálculo importa porque el Impuesto Único a los Combustibles no es un tributo menor. Ha representado, según datos históricos alrededor del 11% de la recaudación tributaria total del país y el conjunto de gravámenes ligados al transporte (combustible, marchamo, selectivo de consumo, ventas) ha llegado a explicar cerca de una quinta parte de los ingresos tributarios centrales, según análisis previos. La dependencia estructural del Estado costarricense respecto al combustible fósil como fuente de ingreso es un hecho de larga data, no una exageración.

A esto se suma un dato de contexto energético que conviene abordar. Costa Rica vivió, en mayo de 2024, su primer racionamiento eléctrico en 17 años, por una combinación de sequía y fallas en el respaldo térmico contratado. En mayo de este año, Panamá anunció que suspendería la venta de electricidad al país en medio de un roce comercial, lo que expuso otra vez la dependencia estacional del sistema eléctrico regional. El ICE salió a negar que exista riesgo inmediato de racionamiento para lo que resta de 2026. Pero, la vulnerabilidad estructural del sistema es real y documentada.

En la misma semana en que se firmó el decreto de los eléctricos, la Asamblea Legislativa aprobó, en segundo debate, una ley que amplía las funciones de RECOPE para que pueda investigar, importar y comercializar biocombustibles e hidrógeno verde. La ley en sí misma busca reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, no lo contrario, así que no hay evidencia de que exista un vínculo causal directo entre esa ley y el encarecimiento del eléctrico. Pero la coincidencia en fechas es notable, en la misma semana el Estado refuerza el papel de la empresa cuyo negocio central sigue siendo el combustible líquido, mientras enfría el incentivo al vehículo que menos lo consume… ¿Será que RECOPE, por pura casualidad, atrasa la aplicación real de la ley nueva?

Con esos elementos sobre la mesa, la pregunta de fondo es por qué el gobierno defiende, en el discurso internacional, una identidad de país verde y líder regional en energía limpia, pero Internamente, calcula que cada vehículo eléctrico que reemplaza a uno de combustión le cuesta recaudación. Y responde no abriendo una discusión honesta sobre cómo sustituir esa fuente de ingreso a medida que el país avanza hacia menos combustible fósil, sino encareciendo el vehículo que acelera esa transición. ¿Cuáles son los cálculos de Hacienda? ¿Por qué de repente dice que no habrá impuestos nuevos pero cambia de golpe con un aumento brutal el impuesto a los vehículos eléctricos?

Ese es el contrasentido real. No es un problema de comunicación ni de decreto mal explicado. Es que la política fiscal y la política ambiental están corriendo en direcciones opuestas y el país no ha tenido todavía la conversación sobre cuál de las dos vías va a tomar. Pero ¿Hacienda guarda silencio sobre las verdaderas intenciones de proteger el consumo de combustibles que le aseguren ingresos al fisco?

*Politólogo, especialista en comunicación política.