La Región* | El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) lanzó una contundente advertencia sobre el Proyecto de Ley N.° 24.374, actualmente en estudio en la Asamblea Legislativa, que según la organización abriría la puerta a la comercialización o venta legal de información personal sensible de las y los costarricenses.

El texto, presentado como una iniciativa para “proteger a los consumidores y mejorar el acceso al crédito”, permitiría que empresas privadas recopilen, gestionen y vendan información crediticia de individuos y empresas, incluyendo su historial de pagos, morosidad, ingresos e incluso los datos de fiadores o codeudores.

OMERCON advierte que, de aprobarse, esta ley convertiría la información privada en una mercancía más, disponible al mejor postor, sin requerir el consentimiento explícito de las personas afectadas. “No se trata de mejorar la transparencia financiera, sino de abrir un nuevo mercado multimillonario basado en los datos de los costarricenses”, señala la posición oficial de la organización.

Un negocio disfrazado de protección al consumidor

De acuerdo con el documento, el proyecto obligaría a las entidades financieras a trasladar información de sus clientes a empresas privadas, tanto sobre créditos en mora como sobre los que están al día. OMERCON sostiene que los verdaderos intereses detrás de la propuesta son de carácter mercantil, ya que las bases de datos crediticias pueden alcanzar un alto valor económico.

El texto cita directamente la exposición de motivos del proyecto, la cual reconoce que la información crediticia actual “es esencialmente información de incumplimiento”, y que se busca incluir también los datos positivos de pago. Sin embargo, no se establecen garantías sólidas sobre la protección o el uso limitado de esa información, lo que genera preocupaciones sobre vulneraciones a la privacidad y posibles abusos.

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Riesgo real en un contexto de inseguridad creciente

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor subraya que permitir la venta o cesión de datos financieros podría aumentar el riesgo de delitos como extorsión, secuestros o fraudes, al exponer información detallada sobre los ingresos, pagos y movimientos financieros de las personas.
“En un país donde la delincuencia organizada crece, entregar datos tan sensibles a manos privadas es una imprudencia”, advierte la organización.

Además, recuerda que ya existe una base de datos crediticia estatal administrada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a través del Centro de Información Crediticia (CIC). Dicho sistema centralizado permite a los bancos acceder legalmente a la información que necesitan para evaluar el riesgo de crédito, sin que se vulnere la confidencialidad de los usuarios.

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Una contradicción institucional preocupante

OMERCON también cuestiona la incongruencia de sectores que defienden este proyecto, pero a la vez se oponen a que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cruce información financiera para detectar riesgos de lavado de dinero o corrupción.

“Resulta contradictorio negar al Banco Central —una institución pública y fiscalizada— el acceso a esos datos, mientras se pretende entregarlos a compañías privadas con fines comerciales”, se lee en el pronunciamiento.

El proyecto fue presentado por las diputadas del PUSC Daniela Rojas, del PLN Monserrat Ruiz y la independiente María Marta Padilla, desde el 10 de junio del año pasado y actualmente está pronto a ingresar al orden del día de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. No extraña que sea Daniela Rojas, calificada como la diputada de los empresarios, una de las que interponga un proyecto que beneficie intereses económicos del sector privado en detrimento de las mayorías consumidoras y trabajadoras.

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Un llamado a la defensa del derecho a la privacidad

La organización advierte que, de aprobarse la iniciativa, los ciudadanos quedarían expuestos a errores, abusos o fraudes derivados de la venta o manipulación de sus datos personales. Además, obligaría a quienes tengan inconsistencias en su historial a iniciar procesos paralelos de rectificación ante múltiples empresas privadas, generando más burocracia y costos.

Por eso, el Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) llama a las organizaciones de la sociedad civil, universidades y sindicatos a manifestarse contra el Proyecto de Ley 24.374, para evitar lo que considera “un retroceso histórico en materia de derechos digitales y protección de datos personales” en Costa Rica.

“Hoy más que nunca, el país necesita reforzar la protección de la información ciudadana, no convertirla en mercancía”, concluye el documento.

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Ley protege a las personas en tratamiento de sus datos.
Actualmente, Costa Rica cuenta con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N.º 8968), que prohíbe la comercialización de datos sensibles sin consentimiento. Sin embargo, este nuevo proyecto de ley podría entrar en conflicto con esa legislación vigente y con los principios constitucionales de protección de la intimidad y autodeterminación informativa.

*En alianza informativa.