Hoy en la comisión de investigación por el caso Sinart, la contralora Marta Acosta informó que la Contraloría ordena a 7 instituciones terminar contratos con el Sinart por concepto de publicidad que había ordenado el Gobierno.
La contralora hizo una exposición sobre las limitaciones del Sinart para contraer los servicios de agencia de publicidad como pretendía el Poder Ejecutivo.
Acosta señaló los incumplimientos del Sinart en 3 presupuestarios extraordinarios que sometió a la aprobación de la Contraloría y que, naturalmente, el órgano contralor improbó. Principalmente se habló de la plurianualidad y sostenibilidad, así como universalidad e integridad.
En concreto, “las justificaciones aportados no permitieron establecer razonablemente la factibilidad de los ingresos y de los gastos, por ejemplo, la incertidumbre e imprecisión respecto de la razonabilidad de los ingresos a percibir por las contrataciones (de publicidad)”, explicó Acosta.
La contralora informó que por esas razones la Contraloría ordena una investigación de oficio sobre el asunto.
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“Esto nos refleja un comportamiento en materia de presupuesto poco eficaz”, agregó Acosta.
Los contratos con esas 7 entidades se rigen por la Ley de Administración Pública y, por esa razón, no se someten a los regímenes especiales que se pretendían.
También informó que la administración del Sinart corrió para que no le aplicara la nueva legislación que hacía, de alguna manera, más permisiva y menos transparente, la realización de los contratos que el Gobierno ordenó.
Sin embargo, la jerarca explicó que no hay tal cumplimiento en varios aspectos como la necesidad de un estudio de mercado, entre otras condiciones,
Así las cosas, las instituciones deberán “tomar medidas pertinentes para finalizar relaciones contractuales señaladas en la presente orden“, según Marta Acosta.
La contralora afirmó que la institución no se opone a las contrataciones, siempre y cuando se hagan dentro del marco jurídico establecido.
Acosta también aclaró, ante pregunta de la diputada Andrea Álvarez, que no es común que haya un incumplimiento como el que se detectó en amplitud con los contratos del Sinart.
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