Gobierno insiste en aplicar el IVA a transferencias de SINPE: diputada Cambronero pide explicaciones al Banco Central

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El Gobierno Chaves Robles, a través del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica, insiste en aplicar el IVA a transferencias de SINPE, como si se tratara siempre de una venta o el pago de un servicio.

Según las y los diputados se trata de un nuevo impuesto a las transacciones bancarias que utiliza la población costarricense, puesto que las transferencias por SINPE no son siempre ventas o servicios, sino préstamos, traspaso de fondos entre familiares y otros rubros.

La diputada independiente Kattia Cambronero señaló que como parte de “su labor de control político y en defensa de los derechos de la ciudadanía, ha enviado una comunicación oficial al señor Roger Madrigal López, Presidente del Banco Central de Costa Rica, en la cual solicita información detallada sobre el proyecto anunciado por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para implementar un sistema que categorice transacciones comerciales realizadas mediante SINPE y permita la retención automática del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.

Cambronero manifestó su “preocupación sobre los posibles impactos de esta medida en la economía, la privacidad de los costarricenses y la transparencia institucional. En su solicitud, planteó un total de 17 puntos clave que abarcan aspectos jurídicos, técnicos y económicos del proyecto”.

También plantea que podría vulnerar “principios fundamentales como la capacidad contributiva, la confidencialidad bancaria y la libertad económica de los ciudadanos”.

“La implementación de un sistema de esta naturaleza debe estar fundamentada en estudios técnicos, respetar los derechos de los ciudadanos y garantizar absoluta transparencia. Mi compromiso es velar porque las instituciones públicas rindan cuentas claras y actúen siempre en beneficio de la ciudadanía”, señaló la diputada Cambronero.

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El oficio incluye además consultas sobre la compatibilidad del sistema con normativas internacionales, los costos administrativos que generará y la interoperabilidad con otras plataformas tributarias.

La legisladora solicita información al banco sobre:

• Sustento jurídico y procedimiento: Consultó por el marco legal que respalda la creación del sistema, las etapas del proyecto y los cronogramas establecidos.
• Protección de datos personales: Solicitó información sobre las medidas de seguridad y protocolos para proteger la privacidad de los usuarios y evitar usos indebidos de los datos.
• Impacto económico y social: Consultó si se ha realizado un análisis sobre cómo esta medida podría desincentivar el uso de herramientas financieras formales y fomentar la economía informal.
• Criterios de clasificación y retención: Requirió detalles sobre los parámetros que permitirán separar transacciones comerciales de otras operaciones, a fin de evitar afectaciones indebidas a los consumidores.
• Transparencia y supervisión: Pidió acceso a las minutas de las reuniones entre el Banco Central y Hacienda, así como información sobre los responsables técnicos del proyecto y los mecanismos de auditoría externa.

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