El área protegida de la isla del Coco fue ampliada enormemente por una decisión del presidente Carlos Alvarado en el año 2021 para el futuro de las próximas generaciones y la conservación de la Biosfera del Pacífico, que se forma en un corredor marino que incluye áreas protegidas de Panamá, Ecuador, Colombia y Costa Rica.
Esa ampliación del territorio protegido de la biosfera de la isla del Coco fue renegada por los pescadores del país, quienes vieron mermados los espacios de pesca en el Océano Pacífico, por eso interpusieron una acción de inconstitucionalidad para derogar el decreto Alvarado Quesada.
El área protegida fue aumentada en 27 veces el área que tenía entonces. Para tener una idea del aumento: Costa Rica tiene 51.000 km2 y ahora el Parque Nacional isla del Coco tiene 54.844 km2.
La acción fue rechaza por la Sala Constitucional mediante el expediente 22-020289-0007-CO y que fue presentada por la Asociación Cámara Nacional de la Industria Palangrera, la Asociación Pescadores de Palangre de Cuajiniquil y la Asociación de Pescadores Artesanales de Puntarenas.
La acción consideraba que el decreto es contrario a los artículos 11, 28, 33, 34, 45, 46 y 50 de la Constitución Política, así como a los principios constitucionales de potestad reglamentaria, reserva legal, libre empresa, derecho al trabajo, inocencia, legalidad, razonabilidad, confianza legítima y pro homine.
Sin embargo, la Sala consideró lo contrario por unanimidad en la sentencia N° 2024-10760, donde se considera “que no se lesiona el Derecho de la Constitución alegado por los accionantes porque ha quedado acreditado que se llevó a cabo un proceso de consulta previo al dictado del decreto impugnado en el que se dio amplia participación al sector pesquero y en el que pudo formular planteamientos, dudas, solicitar audiencias adicionales y aportar prueba”.
Además, la Sala pudo constatar -según un comunicado enviado esta tarde- que “se realizaron estudios técnicos que demostraron la viabilidad de emitir ese decreto, el cual lo que pretendía es brindar mayor protección al Parque Nacional Isla del Coco y al Área Marina Bicentenario, por lo que se considera que es necesario, idóneo, razonable, proporcional, ajustado a los medios y fines por los que se dictó y respetuoso del principio de racionalidad. Los permisos, concesiones y autorizaciones de los pescadores no han sido modificados ni afectados con el decreto impugnado porque pueden seguir faenando en la zona, pero sujetos a las nuevas normas establecidas que, al final, lo que pretenden es brindar mayor protección al recurso marino, por lo que no se lesiona la seguridad jurídica ni la confianza legítima”.
También se rechazó el principio de reserva de ley, porque “el Estado es el titular de los bienes demaniales y, por tanto, en aras de brindar mayor protección -en este caso al derecho al ambiente consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política- puede modificar las condiciones bajo las cuales se otorgan las licencias respectivas”.
Sobre las demás posibles faltas a la legalidad, la Sala tiene claro, según la resolución que “los alegatos no están sustentados en argumentaciones claras, precisas y concretas sobre las razones por las que estiman violentados esos derechos. En consecuencia, procede es desestimar dichos alegatos”, indica el comunicado constitucional.
El decreto ejecutivo No. 43368 del MINAE “Reforma Amplía los límites del Parque Nacional Isla del Coco, crea Área Marina de Manejo Montes Submarinos y Regionalización del Ministerio de Ambiente y Energía y reforma Reglamento a la Ley de Biodiversidad” se mantiene entonces activo y el área protegida también.




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