El Banco de Costa Rica también desmiente a la ministra Laura Fernández sobre sus cuestionamientos a la compra de terrenos para la Sala Constitucional por parte del Poder Judicial a través de un fideicomiso con esa entidad bancaria.

La nueva ministra de la Presidencia dijo que le parece “preocupante cómo se interpreta el uso del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública de una manera diferente, dependiendo de quien sea el que requiere su uso; estamos viendo en este momento cómo la Sala Constitucional de nuestro país, utilizando el artículo 67 … que es el que la Contraloría nos ha dicho que no aplica para Ciudad Gobierno, pero sí aplica para la Sala Constitucional como lo está llevando adelante”, afirmó la jerarca.

En su primera intervención como nueva jerarca de la Presidencia, Fernández aprovechó para continuar en la línea de ataques a la Contraloría General de la República que el Gobierno Chaves Robles ha venido realizando durante varias semanas.

Ayer el Poder Judicial desmintió a Fernández explicándole que el procedimiento es distinto y se realiza con un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, de manera que lo dicho por la jerarca de Gobierno en la conferencia de prensa de ayer miércoles es falso.

La jerarca reclamó que la Sala publicó un procedimiento para la compra de dos terrenos para el nuevo edificio de esa institución, que ha operado en los edificios de la Corte en San José y posteriormente alquilando un edificio.

“Y ahí, cosa extraña, la Contraloría no dijo nada, no dio ninguna advertencia, no dio ninguna interpretación a la Sala Constitucional”, agregó Fernández, quien además reclamó que la selección de los dos terrenos se hizo sin ningún concurso usando el artículo 67. Además, resaltó que los dos terrenos tienen un valor de más de 2 mil millones de colones, es decir cerca de un millón de dólares. Sin embargo, no dijo si el costo es alto o no, aunque el BCR aclaró que se hicieron 2 avalúas, como así lo establece la ley.

También cuestionó que “ahí nadie dijo que se contrataba a dedo” y otros cuestionamientos que hoy el Banco de Costa Rica aclaró: la “norma señala que se deben ejecutar análisis y estudios que respalden que la opción seleccionada es la más idónea para la administración, en este caso, a partir de los requerimientos establecidos por la Sala Constitucional”. Es decir, a pesar de la mala intención de Presidencia, quien desarrolló el proceso y adquirió los terrenos fue el BCR, no la Sala Constitucional como se quiso decir en la conferencia.

Chaves además, mintió al decir que “en nuestro caso el BCIE era quien iba a hacer un concurso, una licitación internacional”, queriendo decir que en el caso del Poder Judicial no fue así, aun cuando el BCR dejó claro que así lo hizo, como argumenta en su comunicado.

El Banco de Costa Rica planteó una serie de aclaraciones sobre la evidente manipulación que hizo del caso la ministra Laura Fernández, quien se presentó a la conferencia con el único propósito de atacar la compra realizada por el Poder Judicial y la Contraloría, sin nada más agregado.

Lo primero es entender que Ciudad Gobierno no es un caso parecido al de la compra de los dos terrenos para la Sala Constitucional, porque en el primer caso el Gobierno quiere arrendarse en sus propios terrenos, es decir, pagar un alquiler por un edificio que construirá otro en terrenos propiedad del estado, una figura muy distinta a la de comprar unos terrenos para luego construir un edificio con fondos propios.

El presidente Chaves, no obstante, aprovechó para decir “a mis amigos todo, a mis enemigos les aplico la ley”, en la configuración de un nuevo ataque al órgano contralor. Y también aprovechó para insistir en la provocación para un debate entre la contralora y la ministra Fernández.

El Banco de Costa Rica informó que aclara lo siguiente (lo transcribimos literal del comunicado del BCR):

• El Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, suscrito entre el Banco de Costa Rica (BCR) en calidad de Fiduciario y la Corte Suprema de Justicia como Fideicomitente, fue refrendado por la Contraloría General de la República, mediante el oficio DCA-3142 del 26 de noviembre de 2015.

• Este contrato contempla la ejecución de 17 proyectos y faculta al Fiduciario a gestionar la adquisición de terrenos para la construcción de edificios, la adquisición de inmuebles construidos o el desarrollo de Infraestructura en terrenos propios del Poder Judicial.

• Sobre el proceso de adquisición del terreno y posterior construcción del edificio para la Sala Constitucional, todas las actuaciones que ha realizado el Fideicomiso se apegan a lo establecido en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y el numeral 167 de su reglamento.

• Esta norma señala que se deben ejecutar análisis y estudios que respalden que la opción seleccionada es la más idónea para la administración, en este caso, a partir de los requerimientos establecidos por la Sala Constitucional.

• El valor de los terrenos fue establecido mediante dos avalúos realizados por el Área de Valoraciones Administrativas de la Administración Tributaria de San José Oeste, tal y como lo establece la ley. Así mismo, los estudios de mercado y técnico se encuentran incorporados en el expediente electrónico conformado en el Sistema Digital Unificado (SICOP).

• Este proyecto cuenta con orden de inicio desde el 2022, tal y como lo establece el contrato del Fideicomiso. Desde ese momento se han gestionado los análisis correspondientes para realizar una ejecución apegado al ordenamiento jurídico. 

• El Banco de Costa Rica se ha desempeñado como Fiduciario en múltiples proyectos de construcción de obra pública. Proyectos a través de los cuales ha sido posible dotar a la población de infraestructura en áreas como electricidad, telecomunicaciones, educación, salud y otras edificaciones del sector público.

• En todos y cada uno de estos proyectos se ha demostrado la excelencia, trasparencia y liderazgo de la entidad, tanto en la administración de los recursos, como en la ejecución de las obras. Estos y otros aspectos han colocado al BCR como la entidad líder en la materia de Fideicomisos de Obra Pública.