El fiscal general Carlo Díaz desmiente y rechaza las manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves Robles ayer en su conferencia de prensa. El jerarca del Ministerio Público acusó de irrespetuosas las declaraciones del gobernante y aclaró varios puntos para desmentirlas en torno al caso Barrenador.

Díaz fue enfático y reiteró varias veces que “la fiscalía actúa apegada a la ley” y la Constitución Política de Costa Rica, “sin esperar una felicitación de nadie, pues lo que hace es realizar su trabajo y cumplir con la ley, llevando a cabo la persecución penal de hechos delictivos. Por eso, no esperamos nunca recibir una felicitación ni aprobación por las acciones emprendidas en el desarrollo de nuestras funciones”.

Además adujo que el trabajo del Ministerio Público es “absolutamente independiente” y afirmó que no la institución no claudicará “en perseguir el delito, independientemente de la persona que se investigue, ni tampoco cederemos ante ninguna presión indebida que nos pretenda debilitar -sic-“.

Rechazo a “irrespetuosas” manifestaciones de Chaves Robles

Además, “resulta preocupante el hecho de que se mencionara innecesariamente la identidad del juez penal de garantías que está conociendo la solicitud de medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público, situación que evidentemente pretende generar una presión indebida desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial”.

También aseveró Díaz que “nos parece completamente irrespetuoso que nuestras acciones sean catalogadas como un “show”, máxime cuando se investiga un asunto tan serio y que le podría traer graves consecuencias al erario público, debiendo recordarse que nuestros requerimientos fueron debidamente fundamentados y avalados por un juez, todo dentro del marco de legalidad”.

“Calificar de esa forma nuestras actuaciones no es más que una manera de desviar la atención del fondo y la relevancia de lo que se investiga, sobre todo tomando en cuenta que se trata de la seguridad social costarricense, una de las mayores conquistas históricas de nuestro país. Afirmaciones como esas socaban la democracia y atentan contra la institucionalidad, la división de poderes y el cumplimiento de la ley“, agrega Díaz mediante un comunicado compartido ayer por la noche.

Falsedades de Chaves

Según el fiscal, lo dicho por el presidente puede conducir a desinformación a los ciudadanos, por lo que es importante desmentir varias de sus afirmaciones. Recordó que su actuación se dio “apegados a la ley, bajo los principios de independencia funcional, objetividad, respeto al principio de legalidad y a las garantías individuales y procesales de las partes” y por la decisión de un juez de la República.

En primer lugar -afirma el fiscal- “es falso indicar que la licitación que sustenta la apertura de la causa penal está en revisión por parte de la Contraloría General de la República, puesto que, como se puede verificar en el SICOP, dicha contratación está en firme.  Tal como lo aclaró el ente contralor, solamente una de las 10 líneas adjudicadas está sujeta al resultado de una apelación. Los adjudicados rindieron la garantía de cumplimiento, lo cual genera obligaciones para las partes que pueden ser tutelables en vía administrativa o judicial”. 

“Por lo tanto, la afectación a la Hacienda Pública, tanto material como jurídica, desde la óptica de la fiscalía y la Ley de Contratación Administrativa, se encuentra consumada“, agrega la explicación.

Tanto el presidente Chaves como la diputada Pilar Cisneros, en el plenario, han dicho lo contrario, aunque no solamente el fiscal Díaz los ha desmentido. Como es usual, aunque los conocedores y especialistas les explican los hechos, los jerarcas del Gobierno continúan reiterando las mentiras no tanto para defenderlas, sino para desinformar a sus seguidores, como ha sucedido en otros temas, como en el caso del financiamiento a las universidades.

La ministra de la Presidencia Laura Fernández fue la primera que salió con ese erróneo concepto, en el primer video publicado por Casa Presidencia el día de las detenciones y allanamientos. Fernández dijo en ese video al menos 5 mentiras sobre lo sucedido.

El fiscal, por otra parte, indicó que rechazan “categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar“, como dijo Cisneros en plenario legislativo, aunque la especialista penal Gloria Navas le explicó luego que no es así.

“Las detenciones realizadas se hicieron dentro del marco de la legalidad, propiamente al tenor del artículo 237 del Código Procesal Penal, mismo que indica que el Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida cuando sea necesaria la presencia y existan indicios comprobados para sostener razonablemente que es autor de un delito o partícipe en él y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar“, indicó el fiscal general. 

“En el caso particular, la fiscalía determinó la existencia de peligros procesales de fuga y de obstaculización. Previo a las detenciones, cabe reiterar que nuestras peticiones presentadas al juez contaban con elementos probatorios y sustento legal, lo cual nos permite sostener razonablemente que las personas detenidas son autoras probables de los delitos que se les imputan“, aclara el máximo general del Ministerio Público.

También aclaró Díaz sobre el traslado de los imputados, algo que ya explicó el OIJ en otro comunicado ayer. El fiscal sostiene que “en cualquier causa penal, la logística del traslado de los imputados corresponde en la mayoría de los casos al Organismo de Investigación Judicial, es decir, es un procedimiento estrictamente policial. La Fiscalía no determina cómo se traslada a una persona que es requerida, lo cual se hace en cumplimiento de protocolos previamente establecidos, y en los mismos no cabe establecer un trato diferenciado según la persona de quien se trate, puesto que en Costa Rica todos somos iguales ante la ley”.

Finalmente, Díaz Sánchez subrayó que garantiza “a la ciudadanía que defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”.