La ministra de la Presidencia Laura Fernández emitió al menos 5 mentiras en su video de esta tarde cuando buscó atacar a la Fiscalía General de la República por defender a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, quien fue detenida junto a 7 personas más hoy por un presunto delito de prevaricato.

El Ministerio Público explicó los allanamientos y pesquisas que realiza para su investigación con base en una denuncia de la Auditoría Interna y con insumos de la Contraloría. Más tarde, después del mediodía, Casa Presidencial envió un video donde la ministra Fernández hace una serie de acusaciones contra la Fiscalía y el proceso seguido, donde realiza afirmaciones que son falsas, según logró comprobar este medio.

Primero. Aseveró Fernández que lo actuado por la Fiscalía es un abuso de poder, pero en realidad es una actuación que está validada por un juez de la República a partir de la revisión de las pruebas y es una facultad que la Ley le confiere a la Fiscalía. Es decir, no es una actuación antojadiza por razones personales, sino parte de un proceso legal. En consecuencia, es falso que haya algún abuso de poder, porque se actúa bajo la regla.

Segundo. Dijo Fernández en el video, por otra parte, que “la adjudicación del contrato no está en firme, apenas está en revisión de la Contraloría y no se ha pagado un solo colon” para otorgar a las cooperativas con sobreprecio la administración de los servicios de ebáis que fueron licitados. Sin embargo, al revisar la documentación oficial se puede verificar que la adjudicación ya se realizó y ya se pagaron por parte de algunos adjudicatarios las garantías de cumplimiento.

Tercero. Además no es cierto, como arguye la ministra Fernández -aparentemente repitiendo el criterio del abogado seguidor del Gobierno, José Miguel Villalobos-, que para que haya prevaricato debe existir un pronunciamiento judicial que califique la resolución de ilegal o la haya declarado nula. No es necesario que haya resolución administrativa dictada o haya sido declarada de forma previa, como afirmó Fernández.

Cuarto. Tampoco es cierto que el delito principal que se investiga sea el prevaricato. La Fiscalía informó que se investigan “los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024”, según la información oficial del Ministerio Público. Esos son los principales delitos, además del prevaricato.

Quinto. La diputada Gloria Navas afirmó que la ministra Fernández dijo una serie de “sandeces” y “no tiene la mínima idea ni el conocimiento de lo que es el derecho penal y el derecho procesal penal ni la función del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal”.

Según el criterio de varios abogados, la jerarca de Presidencia tergiversa el accionar del Ministerio Público y pretende decir qué debe hacer y qué no, así como el cómo debe hacerlo. La diputada Navas, de larga experiencia en temas penales, afirma precisamente eso cuando dice que desconoce “la función del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal”.

Es falso, como dice Fernández, que la Fiscalía solamente debió convocar a declarar a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y los demás directivos y funcionarios implicados. Los allanamientos y detenciones se realizan para incautar prueba de inmediato que no pueda ser manipulada, desaparecida, alterada o afectada de alguna manera para afectar la evidencia del caso.

La ministra Fernández aduce que se trata de un show mediático solamente, pero la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial allanaron 28 lugares diferentes para incautar prueba y todos ellos con autorización legal.

Gloria Navas explica estas y otras falsedades

La diputada y especialista penal Gloria Navas, posterior a este reportaje, emitió un video donde refuta a la ministra Fernández y explica algunas de las falsedades que se dicen aquí, así como otras apreciaciones suyas sobre lo dicho por la ministra de Gobierno:

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