La Contraloría confirmó una denuncia contra póliza que el Gobierno pretende pagar con los dineros del erario público.
Ante consulta de Culturacr.net, la institución informó que “recibió una denuncia en relación al tema de la adquisición de pólizas para cobertura de jerarcas, que actualmente se encuentra en fase de admisibilidad y en razón de la normativa vigente no podemos referirnos con mayor detalle”.
El Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana indicó que la denuncia será procesada según corresponde con la ley.
Sin embargo, la Contraloría General de la República -ante consulta previa de este periódico digital- señaló que “en los términos generales en que se brindó la información por parte de la CGR referente al tema del deber de rendir una garantía a cargo de los servidores públicos, no hay elementos para cambiar ese criterio”. Es decir, el criterio del contralor no cambia sobre la ilegalidad de esta póliza.
El criterio de la División Jurídica y División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría se dio posterior a la defensa que realizaron Nogui Acosta, ministro de Hacienda, Stephan Brunner, primer vicepresidente y Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros -INS-.
Según Acosta, la Contraloría se equivoca con su apreciación técnica, porque la póliza que él pretende pagar con dinero de los costarricenses para proteger el patrimonio de los altos jerarcas, no una de fidelidad como así lo estaría conceptualizando el órgano contralor. Según Acosta se trata de una póliza privada que ya se vende a empresarios y el INS ya confirmó 41 casos.
Así las cosas, lo que tendría que definirse es la legalidad de que una póliza de ese tipo sea pagada por el estado para defender políticos, como presidentes, vicepresidentes, ministros y viceministros, como en este caso concreto.
Así defendió Acosta la controversial póliza que costaría al estado la gran suma de 248 millones de colones por año.
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