Según Marta Acosta, contralora general de la República, la “Ley Jaguar” busca “desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General de la República”.

Así lo manifestó mediante un comunicado en el que afirmó que sí es evidente la intención del Ejecutivo de centrarse, “casi por completo”, en esa intención, porque “suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses”.

Acosta manifestó que ha competencias fundamentales que se verían afectadas, de manera que no se trata de fortalecer a la Contraloría, como afirmaron el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, hoy en conferencia de prensa para presentar el proyecto.

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“Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”, indicó Acosta.

“Como ha sido la norma en los argumentos del Presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría General, así como con ataques alevosos a mí como Contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica”, agregó la funcionaria.

Hoy el presidente Chaves presentó una iniciativa para reformar a la Contraloría General de la República, JAPDEVA y el modo en que se hacen compras y arrendamientos en la Administración Pública.

“Si quitamos la obsesión de la Contralora de que todo lo que se construya en Costa Rica tiene que ser por deuda pública, la licitación es el instrumento de la Contraloría, pero hay que endeudarse”, agregó Chaves en conferencia de prensa. “Por qué tenemos que endeudar al pueblo, ah porque es mi método favorito de licitación”, insistió Chaves en alusión a la contralora Marta Acosta y con su tono burlesco.