El Poder Ejecutivo acusa de golpista la decisión de 4 magistrados de la Sala Constitucional que ordenaron anular la acción de la Asamblea Legislativa de devolver de manera reitera la nómina de candidaturas para las magistraturas suplentes y además decidieron prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes anteriores para cumplir con el compromiso de responder a los costarricenses ante sus recursos constitucionales.

Como un golpe de estado definió el chavismo la decisión dividida de la Sala para poder restablecer su funcionamiento pleno, ante los constantes bloqueos de la fracción oficialista de Pueblo Soberano que impiden nombrar los 9 magistrados suplentes que faltan.

La presidenta Laura Fernández, el jefe de fracción Nogui Acosta y la presidenta de la Asamblea Legislativa Yara Jiménez, se manifestaron en conjunto con la bancada oficialista en un video que fue enviado a prensa y redes sociales.

Fernández hace hincapié en la prórroga al nombramiento de los magistrados suplentes, sin importar que la Sala responde a un recurso de amparo de un ciudadano que ha podido conocer el resultado de su recurso por el bloque oficialista, así como tampoco se refieren al hecho de que más de 110 recursos detenidos por esa obstrucción, lo que va contra el derecho de los ciudadanos a su defensa constitucional.

El Gobierno se muestra indudablemente preocupado porque ahora la Sala sí podrá conocer y resolver recursos en contra de Rodrigo Chaves y el Poder Ejecutivo, la razón de fondo que aducen los diputados del Bloque Democrático para el bloqueo de las nóminas avanzadas que estaban listas y requieren que los diputados cumplan con su deber.

El video hace un llamado a la población a no permitir que esta decisión se cumpla, en un acto que podría definirse como presunta sedición, según algunos especialistas en Derecho Constitucional: