Por Carmen Muñoz* | El clóset es para la ropa. La decisión de la Administración Chaves de reclasificar a última hora el evento de cierre del Pride 2025 como “apto solo para mayores de 18 años” —inicialmente autorizado para todo público— no es solo arbitraria: es un acto de censura y mojigatería disfrazado de falso proteccionismo hacia la niñez.

La Comisión de Control de Espectáculos, adscrita al Ministerio de Justicia, justificó la medida alegando “vestimenta inadecuada” y “expresiones sexualizadas”. Sin embargo, esta narrativa conservadora revela una profunda hipocresía. ¿Acaso el Estado aplica el mismo rasero a playas y piscinas públicas, lugares donde el cuerpo se muestra con absoluta naturalidad ante personas de cualquier edad? La doble moral salta a la vista.

En cuanto al argumento de “expresiones sexualizadas”, no es más que un fantasma retórico de los conservadores y del propio gobierno. Si a este último realmente le preocupara el tema, regularía la publicidad hipersexualizada en los medios masivos de comunicación y combatiría decididamente problemas como el acoso callejero, que también expone a los menores a la violencia.

Pride Costa Rica denuncia con razón que esta prohibición carece de fundamento y se basa únicamente en el prejuicio. Sin duda, lo que buscan es “empujar de nuevo al clóset” a la comunidad LGBTIQ+. Es la segunda vez consecutiva que el Ejecutivo recurre a maniobras de última hora para obstaculizar la marcha, a pesar de que en 2024 la Sala Constitucional declaró tales acciones como “arbitrarias” y lesivas contra una población históricamente vulnerable. Incluso tres instituciones estatales (INAMU, Ministerio de Cultura y PANI) expresaron su desacuerdo, señalando que la comisión no tiene competencia para evaluar la vestimenta de los asistentes.

Tras la fachada de “protección infantil”, se esconde el cálculo electoral del oficialismo: complacer a sectores religiosos y conservadores pensando en las elecciones de 2026. Con esta “estrategia”, el gobierno insiste en tratar a la diversidad como una patología y con sus acciones, mancha aún más el historial costarricense en materia de derechos humanos, ya cuestionado por la CIDH en febrero pasado.

Como ha señalado la Sala Constitucional, usar el poder para censurar expresiones previamente avaladas es un ataque a la democracia. Bajo el disfraz de protección, la censura termina vulnerando derechos. Costa Rica merece coherencia, no moralismos selectivos.

*La autora es feminista , exdiputada y ex vice-ministra de Gobernación.

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