Por Javier O’Connor | La decisión de la Corte Plena de negarle la prórroga del permiso es no solo correcta, sino necesaria. Un funcionario judicial —y más aún, uno de alto rango como Gerald Campos— no puede simplemente cruzar al Poder Ejecutivo como si fueran oficinas del mismo edificio. Hay un principio básico en cualquier Estado de Derecho: la independencia de poderes.

Ya en la votación pasada, varios magistrados votaron en contra de su permanencia en el Ministerio. Aun así, se le extendió el permiso. Hoy, con procesos penales pendientes, conflictos de interés evidentes y una evidente puerta giratoria entre justicia y política, la Corte rectifica y pone un alto.

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¿Y ahora? Las consecuencias no son menores. Campos deberá regresar al Poder Judicial con un pasado reciente de exposición política, lo cual puede comprometer la percepción de imparcialidad. ¿Qué confianza puede tener el ciudadano cuando la justicia se mezcla con la política?

Esta situación debería marcar un antes y un después: los funcionarios judiciales no pueden ocupar cargos políticos sin romper con su investidura judicial. No es castigo, es coherencia institucional.