Un proyecto de ley para fomentar la minería artesanal sostenible en Crucitas y zonas aledañas, impulsa la legisladora Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista.

El proyecto aplicaría para las comunidades de Cutris, Pocosol y Pital en el cantón de San Carlos, “afectados durante décadas por controversias socioambientales y actividades mineras ilegales”, según comunica el PLP.

Según la información aportada, el proyecto de ley plantea un marco regulatorio que permite a las comunidades de la zona “practicar una minería artesanal que minimice el impacto ambiental y prohíba el uso de mercurio, en línea con los compromisos de Costa Rica en el Convenio de Minamata”.

Además, contempla la creación de cooperativas mineras artesanales, “el fortalecimiento de capacidades técnicas de la población local y la promoción de medidas correctivas para restaurar los ecosistemas afectados”.

Según Cambronero Aguiluz se trata de un modelo similar al que actualmente se implementa en el cantón de Abangares.

La congresista indica que el proyecto de ley buscan posicionar al país como “un ejemplo de minería sostenible en la región, impulsando el desarrollo socioeconómico sin comprometer la biodiversidad ni la salud pública”.

Cambronero justifica el proyecto en el crecimiento de la minería ilegal en esa zona, que genera en “la deforestación, la contaminación de fuentes de agua por mercurio y la pérdida de biodiversidad, así como un incremento en el tráfico de personas, sustancias peligrosas y armas. Además, el ambiente de inseguridad y los altos costos de vigilancia policial en la zona reflejan la complejidad y la magnitud del problema”.

La diputada estima que esta iniciativa es valiosa porque produce una “alternativa de desarrollo económico a las comunidades de Crucitas y sus alrededores a través de una minería artesanal y en pequeña escala regulada, que sea respetuosa del ambiente y capaz de generar empleo local”.

Esta idea es diferente a la que otras personas, como el ambientalista Freddy Pacheco, quienes han planteado la necesidad de explotar ese oro para crear un hospital geriátrico. También Edgardo Araya, el abogado ambientalista que defendió la prohibición de la minería a cielo abierto que se pretendía hacer en esa zona, tiene otras ideas al respecto.

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