Según la Contraloría General de la República no existe sustento legal para póliza que se pretendía adquirir, pagado con dinero de los costarricenses, desde la vicepresidencia de la República al mando de Sthepen Brunner.
La Contraloría respondió una solicitud de criterio del Ministerio de Hacienda al mando de Nogui Acosta “sobre la legalidad de contratar, con recursos públicos, una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de jerarcas como el Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros del Poder Ejecutivo”.
El órgano contralor explicó que “no existe habilitación legal para utilizar fondos públicos con el fin de contratar pólizas de responsabilidad civil que beneficien directamente a funcionarios. La CGR enfatiza que los seguros pagados con fondos públicos deben proteger los intereses de la administración y no los beneficios personales de los funcionarios -sic-“.
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Según se había informado meses atrás, el Gobierno buscaba contra esa póliza millonaria para realizar pagos legales y afines en denuncias que se pudieran derivar del ejercicio de la función pública de los jerarcas chavistas, algo que ningún gobierno había intentado realizar anteriormente.
“De este modo, es claro que contratar seguros para cubrir responsabilidades personales de jerarcas sería incompatible con el principio de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa. Se enfatiza que la rendición de garantías o cauciones es una obligación personal del funcionario público, según lo establecido en el marco normativo vigente .sic-“, agrega la resolución de la Contraloría.
Humberto Perera, gerente Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, explica el oficio DFOE-CAP-0885-2025:
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