La Contraloría General de la República realizó 3 estudios en los que encontró que los precarios son una bomba de tiempo con grandes riesgos de desastres, falta de transparencia en ejecución de fondos y una evidente descoordinación entre las instituciones que intervienen.

Los informes de la Contraloría involucran a distintas instituciones públicas, respecto de la gestión pública de asentamientos informales (conocidos como precarios o tugurios) “y el impacto que generan en la Hacienda Pública, con el objetivo de ofrecer un panorama general que facilite la toma de decisiones informadas y promueva la implementación de buenas prácticas en la gestión de este tema”, indicó el órgano contralor.

Cada investigación aporte resultados distintos, unos más alarmantes que otros, pero en general dejan en evidencia la descoordinación entre instituciones y ausencia de una visión común sobre este gran problema país, que se relaciona directamente con la pobreza. No hay mecanismos para lograr que las entidades coordinen, ni un análisis de gestión de riesgo y un dudoso manejo de la inversión estatal en este problema.

Existen 576 precarios en todo el país que albergan a 64.128 hogares:

Conozca los hallazgos de estos valiosos estudios para la toma de decisiones en este esquema interactivo diseñado por la misma Contraloría. Pero a continuación puede leer un resumen de esos resultados en brevedad y un video resumen al respecto. Además, tiene los enlaces a los informes completos:

Los 3 informes y sus hallazgos

Informe DFOE CIU SGP 00001-2025 Atención de Asentamientos Informales y su impacto en la Hacienda Pública:

• 64.128 hogares en precariedad habitacional y exclusión social.
• 576 asentamientos informales identificados en 61 cantones, con un aumento del 50% desde el 2013.
• Falta de claridad conceptual sobre los asentamientos informales y debilidades en la información disponible.
• Ausencia de una visión común entre MIVAH, gobiernos locales, CNE, IMAS, INVU, BANHVI y otros; limitaciones en la gestión de proyectos y escaso control sobre su evolución y prevención de re ocupación tras desalojos.
• ₡24,7 mil millones de impacto económico directo en la Hacienda Pública del 2022 al 2024, por consumo no facturado de agua potable y electricidad, atención de incendios, asistencia por desalojos y otros.

Reporte DFOE-CIU-RF-00001-2025 Análisis integral del riesgo de desastre: base indispensable para la atención de asentamientos informales:

• Ausencia total de análisis del riesgo de desastre específicos para los asentamientos informales.
• Inexistencia de una metodología estandarizada para realizar estos análisis.
• Falta de mecanismo de coordinación para integrar y actualizar datos entre la CNE, el MIVAH, el IMAS y los gobiernos locales.
• Enfoque reactivo en el uso de recursos públicos, que perpetúan los ciclos de vulnerabilidad y se compromete la seguridad y calidad de vida de las personas.

Reporte DFOE-CIU-RF-00002-2025 Medir para transformar: rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del BANHVI en poblaciones de asentamientos informales:

• Debilidades en la transparencia y trazabilidad de los fondos destinados, entre el 2021 y 2024.
• Ejecución de ₡28 mil millones del FOSUVI carente de registros detallados de información como asentamiento de procedencia, tipo de bono y la solución habitacional otorgada, entre otros.
• No financiamiento de proyectos con el programa de Bono Colectivo para ese fin.
• El BANHVI y el INVU no realizan evaluaciones para medir el impacto real de las intervenciones.

Marcela Aragón Sandoval, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Ciudades, explicó el alcance del trabajo realizado por la Contraloría: