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Corte avala proyecto para agilizar los procesos penales en la lucha contra la impunidad

Elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia.
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Un proyecto para agilizar los procesos penales judiciales y avanzar en los juicios con más rapidez en la Sala de Casación Penal, es decir, en los juicios penales contra la delincuencia.

El proyecto, que debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa, realiza reforma de procedimiento en esa Sala en varios aspectos que actualmente retrasan los procesos y los juicios.

Según Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, de la Corte Supremo de Justicia, se trata de una reforma principalmente que corrige tres aspectos:


Cambios que realiza el proyecto para agilizar los procesos penales

En resumen, el proyecto de ley busca realizar los siguientes cambios puntuales, según informa el Poder Judicial:

  • “Si un imputado no se presenta a la audiencia preliminar sin justificación, será declarado en rebeldía.
  • En delitos que se castigan con penas de hasta 10 años, un solo juez (tribunal unipersonal) podrá conocer el juicio, lo que permitirá resolver más casos en menos tiempo.
  • Se acabará con una práctica común en la defensa privada: posponer audiencias porque el abogado tiene la agenda llena. Ahora, si el defensor no puede asistir, el imputado tendrá un máximo de cinco días para nombrar a otro, o se le asignará un defensor público para evitar retrasos innecesarios.
  • Dispone que la audiencia preliminar será el último momento procesal para acceder a una solución alterna o procedimiento especial abreviado. Por ello se hace obligatoria la asistencia de la persona imputada y se convoca a la víctima”.

El proyecto es parte de una agenda de iniciativas de ley que avanzan con el acuerdo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, sin la participación del Poder Ejecutivo -el Gobierno-, quien dejó de participar en las reuniones de todos los poderes y se ha dedicado a despotricar contra los otros dos poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General, es decir, contra quienes realizan y aplican la Ley en Costa Rica.

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