- La Sala ordenó al Ministro de Seguridad y a la Ministra de la Presidencia rendir informe en tres días hábiles sobre la suscripción de la Declaración Conjunta de Seguridad del 5 de marzo en Doral, Florida.
La Sala Constitucional admitió el pasado 9 de marzo un recurso de amparo contra la firma del Ministerio de Seguridad Pública en la Declaración Conjunta de Seguridad suscrita el 5 de marzo en Doral, Florida, en el marco del programa Escudo de las Américas liderado por Estados Unidos.
El recurso fue interpuesto por seis ciudadanos costarricenses y se dirige contra el Ministerio de Seguridad Pública y la Presidencia de la República. La resolución, firmada por el presidente de la Sala Fernando Castillo Víquez, ordenó a ambas instituciones rendir informe en un plazo de tres días hábiles.

Los recurrentes alegan que el ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero suscribió el documento en una conferencia presidida por el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien durante el acto reafirmó la Doctrina Monroe y expuso un mapa estratégico hemisférico que abarca desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá. Argumentan que la declaración firmada promueve una doctrina de seguridad basada en el principio de “paz a través de la fuerza”, incompatible con el ordenamiento jurídico costarricense.
En este mismo contexto salió en las últimas horas la ocurrencia, de un asesor de la presidenta electa Laura Fernández, de fundar bases militares en Costa Rica, propuesta que luego fue rechaza por la misma Fernández, pero que apoyan algunos de sus más irracionales fanáticos. Ese hecho no forma parte de este recurso de amparo.
La Sala exige explicaciones sobre compromisos asumidos y consultas previas
El recurso cuestiona que la suscripción de la declaración no fue consultada ni autorizada por la Asamblea Legislativa, y que tampoco fue valorada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, competente en materia de política exterior. Los recurrentes señalan que el ministro de Seguridad carece de competencia legal para suscribir actos de alcance geopolítico, y que el acto contraviene los artículos 1, 2, 7, 9, 11 y 12 de la Constitución Política, la Ley 9288 de Neutralidad Perpetua y la Proclama de Neutralidad de 1983, que prohíbe la alineación con coaliciones de naturaleza militar.
La Ley 9288 de Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada, aprobada en 2015, convirtió en ley la tradición pacifista costarricense iniciada con la abolición del ejército en 1948. Esta ley prohíbe expresamente que Costa Rica se alinee con coaliciones de naturaleza militar, lo que la convierte en uno de los argumentos jurídicos más concretos del recurso de amparo admitido por la Sala Constitucional.
Entre las peticiones de los recurrentes está que la Sala ordene el retiro formal de Costa Rica de la declaración, anule el acto impugnado y disponga que todo compromiso internacional de contenido geopolítico o de seguridad sea sometido previamente a valoración de las autoridades costarricenses competentes.
- Rendir informe en tres días hábiles al Ministro de Seguridad y a la Ministra de la Presidencia
- Aportar la fundamentación jurídica de la suscripción de la declaración
- Detallar los compromisos asumidos y si existieron consultas previas
- Explicar la compatibilidad del acto con el artículo 12 constitucional y la Ley 9288
- Advertencia: si no se rinde el informe, los hechos se tendrán por ciertos y el recurso puede declararse con lugar
Este recurso de amparo se suma a la acción de inconstitucionalidad presentada ese mismo día por el Partido Liberación Nacional, configurando un frente judicial doble contra la adhesión del gobierno a la coalición militar hemisférica.
La Sala ordenó a las autoridades recurridas informar sobre los hechos alegados, aportar la fundamentación jurídica de la suscripción, detallar los compromisos asumidos, indicar si existieron consultas previas y explicar cómo se garantiza la compatibilidad del acto con el artículo 12 constitucional que abolió el ejército.
La resolución advierte que si las autoridades omiten rendir el informe, se tendrán por ciertos los hechos alegados y el recurso podrá declararse con lugar. Los informes deben rendirse personalmente y no por apoderado.
Esta nota fue redactada con asistencia de Claude, de Anthropic y editada (mejorada, ampliada, corregida) por CulturaCR antes de su publicación.





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