Miles de educadores llenaron este miércoles 11 de noviembre la Avenida Segunda y la mayor parte de la Plaza de la Democracia, en San José. La marcha de educadores, convocada por ANDE, APSE y el SEC, exigió frenar los recortes a la educación pública, descongelar pensiones y salarios y destinar el 8 % del PIB a la educación.
El Gobierno respondió con insultos. La presidenta Laura Fernández llamó “sanguijuelas” a los dirigentes sindicales y anunció que les rebajará el día “a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”. Además, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, pidió declarar ilegal la huelga.
Sin embargo, las cifras contradicen el discurso oficial. Mientras el Gobierno asegura que la inversión por estudiante subió, el Índice de Competitividad Nacional registra una caída real del 5,5 % en becas, comedores, transporte y mantenimiento escolar.
La huelga nacional responde a un mandato del LXXXI Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). A la marcha se sumaron la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), estudiantes y universidades públicas.
“La historia de Costa Rica también se ha escrito en las calles, y la clase trabajadora de la educación ha sido protagonista de esas luchas. ¡El magisterio tiene memoria y no está dispuesto a retroceder!”, proclamó APSE en su convocatoria.
ANDE resumió sus exigencias en cuatro puntos. Primero, cumplir el artículo 78 de la Constitución, que fija el 8 % del PIB para la educación pública, y frenar “los constantes recortes al presupuesto educativo”. Segundo, descongelar las pensiones, porque miles de jubilados llevan “más de seis años sin recibir ajustes por costo de vida”.
En tercer lugar, pidió el pago de recargos, anualidades y ajustes salariales, congelados también desde hace más de seis años. Por último, exigió al MEP y a Hacienda cancelar la deuda pendiente con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
El SEC, por su parte, advirtió sobre los recortes presupuestarios y reclamó “el respeto a los derechos laborales, salariales y de pensión de las personas educadoras”. La Universidad Nacional (UNA) también celebró la movilización: “La educación pública es una conquista social que nos pertenece a todas las personas y que debemos proteger”.
La respuesta del Gobierno
Horas después de la marcha de educadores, en su conferencia semanal, que en CulturaCR.net llamamos programa de propaganda política, el Gobierno respondió con descalificaciones. Fernández acusó a los sindicatos de traición, porque, según dijo, se habían reunido dos veces con ella y no tenían temas pendientes.
“Como dicen los carajillos, 3 doritos después le clavan a usted el puñal por la espalda y convocan a una manifestación”, afirmó. Luego se dirigió a los educadores: “No se dejen engañar por las sanguijuelas que viven de desangrarlos. Hay gente que vive de la protesta”.
La presidenta también personalizó los ataques. “Después de tenerlos sentados aquí en mi oficina y que doña Gilda me diera, da gusto trabajar con usted, y hoy verla ahí en la calle marchando, de verdad es que hay gente que qué poca vergüenza tiene”, dijo sobre la dirigente de ANDE, Gilda Montero.
El ministro Sánchez, a su vez, calificó las demandas como “3 argumentos falsos y populistas” y dijo que pedir el 8 % del PIB es “el populismo en su máxima expresión”. Sobre el dirigente del SEC, Gilbert Díaz, afirmó: “Gilbert sabrá leer y escribir, pero no ejerce ese conocimiento”.
El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, fue más lejos. Habló de “sindicatos mentirosos”, de un “mosaico de irresponsables que van a hacer plantones que parecen panteones” y acusó a las universidades públicas, los sindicatos y la oposición de “confabularse” para “gastar y gastar y gastar”.
Además, Chaves llamó “emperatriz del TEC” a la rectora María Estrada y comparó el cierre de la sede de Limón con una “clase de extorsión que ni las maras salvadoreñas se animaban”.
Las cifras frente al discurso
¿Bajó o subió el dinero para la educación? Según Sánchez, el presupuesto del MEP creció ¢207.000 millones entre 2022 y 2026, y la inversión por estudiante aumentó 22 %, porque la matrícula cayó en 190.000 estudiantes.
No obstante, el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, del Consejo de Promoción de la Competitividad, que CulturaCR.net publicará en detalle a partir del viernes, mide otra cosa: el dinero que llega directo al estudiante. Ese gasto en becas, comedores, transporte y mantenimiento de escuelas bajó 5,5 % real, de ¢234.308 a ¢221.411 por estudiante entre 2024 y 2025, y cayó en 57 de 82 cantones.
El dato coincide con el informe Estado de la Educación, que calificó la caída de la inversión educativa entre 2018 y 2023 como la mayor en 40 años. Según el exministro Leonardo Garnier, la inversión educativa pasó de 7,4 % del PIB en 2017 a 4,9 % en 2025.
Las cifras de Chaves sobre el TEC tampoco cuadran. El ministro dijo que a esa universidad le recortan “420” de ¢62.000 millones. Sin embargo, la moción 16, aprobada en octubre en la Comisión de Hacendarios, rebaja ¢1.899 millones a cada una de las cuatro universidades estatales, y la rectora Estrada advirtió que el cierre de Limón afectaría a 394 estudiantes, no a 473.
Además, el martes 10 de noviembre el oficialismo aprobó otro recorte de ¢8.048 millones al FEES, esta vez en el presupuesto extraordinario de 2026.
Sobre JUPEMA, Sánchez aseguró que el Gobierno pagó más de ¢35.000 millones de deudas de 2018 a 2024, adelantó más de ¢55.000 millones en 2026 y presupuestó más de ¢67.000 millones para 2027. ANDE, en cambio, mantiene la exigencia de cancelar la deuda pendiente.
La hostilidad no fue solo contra los educadores. En la misma conferencia, Fernández se negó a responder una pregunta de La Nación sobre la compra de ambulancias, llamó “canallas” a ese medio y dijo que piensa “seriamente en demandar” al periodista que publicó la información.
Ese clima tiene su registro: Costa Rica pasó del puesto 8 al 38 en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras entre 2022 y 2026.
¿Es ilegal salir a la calle a pedir que se cumpla la Constitución? Por ahora, lo decidirá el Juzgado de Trabajo, a pedido del Gobierno y de la Procuraduría General de la República.
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