La Contraloría General de la República también envía la ley Jaguar 2 a consulta constitucional, sin más retraso para el proceso.

Mediante trámite realizado el pasado 16 de agosto, el órgano contralor interpuso una consulta de constitucionalidad donde, al igual que el Tribunal Supremo de Elecciones, cuestiona los artículos 2, 4 y 5 de dicha propuesta de ley impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el expediente 24.467.

Además, la Contraloría envía “un escrito para el expediente actualmente en trámite en la Sala IV en el cual se analiza la consulta formulada por el TSE sobre esa misma iniciativa”. Es decir, una ampliación o explicación según el criterio contralor sobre la consulta interpuesta días atrás por el TSE.

En la consulta constitucional, la contralora Marta Acosta y su equipo usaron en sus justificaciones para defender sus cuestionamientos a la ley las mismas declaraciones de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, así como del presidente Rodrigo Chaves, en la conferencia de prensa donde comentaron la resolución constitucional que se trajo abajo el proyecto de ley original.

“El día 30 de julio de 2024, el Poder Ejecutivo presentó a trámite ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley No. 24.467 y ese mismo día se activó el proceso de referéndum por iniciativa ciudadana. Ambos proyectos con idéntico texto y en consecuencia coincidentes en su finalidad. El día 31 de julio, en conferencia de prensa, el Poder Ejecutivo hace referencia al proyecto con manifestaciones que es necesario tener en cuenta para conocer el propósito de la pretendida reforma y por eso se transcriben en lo conducente”, expone la Contraloría en su consulta de constitucionalidad. Descárguela aquí.

Para la Contraloría “en la exposición de motivos escrita se alude a un fin distinto al que se desprende del texto de las reformas, reforzado por lo indicado públicamente por las respectivas autoridades y además porque las modificaciones deben analizarse dentro del contexto, por un lado, del sistema de fiscalización y, por otro, del sistema de contratación pública nunca de manera aislada”.

Según el politólogo Gustavo Adolfo Araya, el hecho de exponer los criterios públicos de los jerarcas de Gobierno en la justificación de la consulta, “constituye una pieza de historia y un elemento para el análisis político muy sólido”.

En un documento de 28 páginas, la Contraloría explica según sus criterios y la jurisprudencia del caso, el porqué los numerales 2, 4 y 5 de la nueva versión de la iniciativa de ley tiene “graves vicios de inconstitucionalidad”.

Además de la Contraloría, días atrás un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa alertó que el proyecto podría tener vicios de inconstitucionalidad, criterio que se aúna para la resolución definitiva que será de la Sala Constitucional. Por ese informe la diputada Pilar Cisneros, así como el Gobierno, hicieron persecución política en contra de uno de los firmantes del informe por su filiación partidaria, con exposición pública que fue reprochada por todas las diputaciones del Congreso y cientos de miles de costarricenses.