Por Tania Molina* | Macho Coca no tenía dos años de ser narcotraficante. Tenía décadas. Décadas de controlar territorios en Limón, de mover cargamentos de cocaína hacia Norteamérica, de ejercer una presencia económica y criminal que toda la comunidad conocía y que el Estado toleró, ignoró o no pudo ver a tiempo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en 2023. Fue el primer costarricense en esa lista. No el primero en delinquir, el primero en ser visto desde afuera con la claridad suficiente como para nombrarlo oficialmente.

Hoy Costa Rica celebra su extradición. Y yo entiendo el alivio. Pero hay una conversación incómoda que ese alivio no puede tapar: las extradiciones no son solo victorias del sistema. Son también su confesión.

Cuando un país celebra que otro Estado va a juzgar a uno de sus narcotraficantes más prolíficos, lo que está diciendo (aunque no lo diga en voz alta) y menos en estos tiempos de tanta fragmentación, es que su propio sistema no pudo o no quiso hacerlo. Que décadas de presencia criminal en Limón no produjeron una condena efectiva con el peso suficiente. Que fue necesario que la DEA, el Distrito Sur de Nueva York y la OFAC llegaran desde afuera para que el caso avanzara de verdad.

Fallas en la extradición

Desde la Criminología, la extradición de Macho Coca evidencia tres fallos simultáneos. El primero es preventivo, pero en esa materia ya estamos quedados hace décadas. Es entonces en automático policial y comunitario: una organización de esa escala no opera en silencio. Controla territorios, recluta, intimida, paga y se hace visible en la economía local. Que haya operado durante décadas en Limón sin una respuesta estatal proporcional dice algo sobre la capacidad y la voluntad de intervención en ese territorio, un territorio donde el Estado llega principalmente cuando ya hay muertos, no antes.

El segundo fallo es de inteligencia financiera: la OFAC identificó y sancionó a Bell Fernández en 2023 señalando sus vínculos con el tráfico internacional. Esa información no llegó de la nada, fue construida con trabajo de inteligencia financiera que debería haber estado disponible también para el sistema costarricense. La pregunta que hay que hacerse es por qué no fue suficiente para producir una respuesta judicial efectiva desde adentro.

El tercer fallo es sistémico y es el que menos se nombra. Todos esos años de narcotráfico activo producen violencia sostenida, víctimas colaterales, lavado de dinero y un daño a la economía formal que en algunos territorios es casi irreversible. Pero hay algo más que nadie está calculando: el costo real para el sistema de salud pública.

Los años de narcotráfico crean presión sobre la CCSS por partida doble; por los consumidores que requieren atención, y por los muertos que ya no aportan a la seguridad social. ¿Cuánto cuesta atender a una persona herida con arma de fuego en un hospital público? ¿Cuánto cuestan las cirugías, los tratamientos, los meses de recuperación de las víctimas colaterales? ¿Cuánto cuestan los traumas de por vida, la salud mental de comunidades enteras que crecieron normalizando la violencia? Ese es un costo que el Estado paga silenciosamente, que nadie suma en los informes de seguridad y que nadie le carga a quienes lo produjeron. Todos esos años de violencia en el Caribe tienen un costo económico que va mucho más allá de los homicidios. Y esa cuenta nunca se ha cobrado desde adentro.

El traslado y la tortura

Y luego está lo que ocurrió ayer en medio del traslado. Dos extraditados denunciando tortura el mismo día en que se los llevan a enfrentar la justicia en otra jurisdicción. Desde la Criminología y desde la perspectiva de derechos humanos, hay que decir dos cosas al mismo tiempo y las dos son verdad.

Primera: toda denuncia de tortura debe ser investigada con seriedad, independientemente de quién la haga, independientemente del momento en que se haga y independientemente de los crímenes que se le atribuyan al denunciante. Eso no es opcional en un Estado de derecho, es su definición.

Segunda: el momento en que se presentan estas denuncias no puede ignorarse en el análisis. Que dos personas acusadas de crímenes graves eleven simultáneamente denuncias de tortura exactamente cuando van a ser entregadas a otra jurisdicción es un patrón que la Criminología reconoce y que los sistemas judiciales deben saber leer, sin desechar las denuncias pero también sin ser ingenuos sobre su timing.

Lo que el Estado costarricense no puede permitirse es manejar esto con torpeza institucional. Si las denuncias son falsas, el sistema tiene que demostrarlo con transparencia y celeridad. Si son verdaderas, el sistema tiene que actuar contra quienes cometieron esos actos con la misma contundencia con que celebra la extradición. No puede haber un estándar doble, uno para celebrar las victorias y otro para procesar las denuncias incómodas. Esa asimetría es exactamente lo que erosiona la credibilidad institucional.

Ya es hora de que los jerarcas de todas las instituciones se pongan a trabajar con seriedad por este país. Esto no se trata de conflictos interpersonales, se trata del tejido social. Y que no se les olvide, que les pagamos sus salarios, su seguridad y sus privilegios; lo mínimo es cumplirnos a los costarricenses. En la empresa privada por mucho menos de lo que hacen mal, algunos funcionarios públicos, no nos dejan ni siquiera guardar el almuerzo, nos reciben en la puerta y nos despiden. A trabajar.

*Criminóloga.