El fallecimiento de la niña Isabela, la bebé prematura que nació de 26 meses en Nicoya, ha provocado una colección de reacciones cuyo común denominador es simple: busquen culpables y disparen.

Diputados de la mayoría de fracciones de oposición, excepto del Frente Amplio, así como la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, emitieron reacciones condenando la muerte de la bebé de 26 meses de gestación, es decir, 16 semanas (4 meses) menos de lo que se espera de un bebé que nace sano: 42 semanas.

Sin embargo, ni los diputados y diputadas, ni la misma jerarca de la CCSS se han manifestado sobre dos asuntos fundamentales en este caso: el protocolo que establece la institución para recién nacidos de esa edad y el hecho de que los hospitales no cuenten con la tecnología de avanzada para trata bebés prematuros en ese nivel.

El Hospital La Anexión de Nicoya emitió un comunicado ayer, ignorado por los diputados y medios de comunicación, donde afirma que usan el lenguaje médico aceptados y persiguen los principios éticos de la medicina, por lo que dan un trato igualitario a todas las personas indistintamente de su condición étnica, sexual, de nacionalidad, religión o estrato social.

Según el comunicado, en el caso de Isabella, los profesionales de pediatría se “apegaron a la evidencia científica”. Además, “fundamentaron sus acciones en el Protocolo Clínico para el manejo de la usuaria con Amenaza de Parto Prematuro y el Parto Prematuro (pág. 22) de la Caja Costarricense del Seguro Social, vigente hasta el año 2027, y en el Manual de Reanimación, Estabilización y Transporte Neonatal (pág. 26)”.

Es decir, se basaron en las normas que establecen que un nacido de 26 semanas indefectiblemente morirá, al menos en Costa Rica con la tecnología de que se dispone. Según especialistas consultados por Culturacr.net, en otros países, como Japón, existen recursos de medicina más avanzados que permiten un trabajo médico para buscar la sobrevivencia del recién nacido y mejorar su calidad de vida mientras pueda subsistir, pero en Costa Rica no es así.

Los expertos consultados no quisieron dar su identidad por temor al linchamiento público a causa de la politización del caso, principalmente de la jerarca de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, quien aprovechó la situación para desviar la atención de acusaciones muy serias que se le hacen.

El problema de fondo es que la CCSS no tiene recursos para adquirir esas nuevas, modernas y caras tecnología de reanimación y estabilización del neonato, pero es bien conocido que este Gobierno no quiere pagar ni siquiera una parte de la gran deuda que tiene el estado costarricense con la institución. Sin embargo, sí se preocupa por pagar la deuda pública a los grandes inversionistas. “La salud pública es sacrificable”, afirmó una ginecóloga consultada.

No obstante, ningún diputado o diputada recordaron ni plantearon en sus reacciones esos hechos, sino que pidieron una investigación para determinar culpables, pero “culpables de qué”, manifiestan los especialistas. Los médicos están muy preocupados por cómo se politizan hechos sin considerar el debido proceso, ni la evidencia, ni la misma legalidad imperante, para que la gente acribille a los profesionales de la salud a favor de políticos inescrupulosos, en una suerte de manipulación política, según los testimonios recogidos por este medio.

Diputados reaccionan

Según la diputada Melina Ajoy, del PUSC, este caso es la representación de muchos casos más que permanecen en la sombra. Es decir, se da por sentado que hay algo mal, que hay un delito cometido -sin la investigación previa-.

Ajoy busca sentar responsabilidades y espera que estos casos “no vuelvan a replicarse en los centros de salud del país”. Pero otra vez los especialistas de la medicina se preguntan, ¿cuál caso en concreto, cuál fue el pecado si aún no se conocen las otras versiones de los actores del caso?

El líder de Nueva República, Fabricio Alvarado, fue más balanceado en sus apreciaciones, al plantear una eventual mala praxis, pero también “deben sentarse responsabilidades para las personas que actuaron con negligencia si es que se determina negligencia”:

También el diputado Eli Feinzaig, del PLP, emitió un video donde afirma que deben sentarse responsabilidades del caso.

De la fracción del Frente Amplio dijeron que no darán ninguna reacción al respecto: “respetamos en este momento el duelo de la familia y continuamos solicitando información para tener más claridad sobre este lamentable hecho”, comunicaron.