El ICE defiende existencia de Racsa y afirma que es una institución estratégica para el Grupo ICE, además de que ya tiene asignados sus planes de acción y estrategia.

“En el caso de Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), su Estrategia se lanzó en setiembre pasado y se enfoca en el desarrollo de soluciones digitales especializadas, soportadas sobre infraestructura tecnológica de punta, entre ellas, quinta generación (5G)”, comunicó la institución esta tarde.

Según el ICE, Radiográfica Costarricense -al igual que las otras instituciones del grupo- tiene un modelo corporativo que “garantiza trazabilidad y transparencia de sus gestiones”.

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La reacción del Grupo ICE surge a raíz de un proyecto de ley que fue presentado ayer por al menos dos fracciones legislativas, en particular desde el despacho de la diputada Kattia Cambronero, quien es la proponente.

Según Cambronero, Racsa “es una empresa del Grupo ICE que representa mayores cargas y riesgo financiero para el instituto, así como para los contribuyentes”. No obstante, el ICE niega esa afirmación: “Actualmente, Radiográfica tiene una cartera de más de 700 clientes, entre públicos y privados”.

Agregan que “RACSA ha adjudicado a una empresa de tecnología para brindar servicios de telecomunicaciones de 5G en le 2024, tanto para empresas como hogares y comercios, dándole así un valor estratégico alto para el Grupo ICE”. No obstante, tampoco se informa de cuál contratación se trata, cuál es la empresa ni cuál proyecto en concreto es.

Además, el PLP le achaca a esa institución que “constantemente participa de proyectos fuera de sus facultades, como el caso de las tobilleras electrónicas y más recientemente los escáneres portuarios”.

Sin embargo, el ICE rechaza esas acusaciones y sostiene que “su gestión apegada al marco legal costarricense” y que “RACSA ha contribuido con un ahorro significativo al Estado que, solo durante el 2023, superó los ¢8.400 millones de colones en contrataciones públicas (subrayado del original), nacionales e internacionales, de distintas modalidades, incluidas licitaciones”.

No obstante, no explica el detalle sobre cuáles contrataciones y cómo se gesta ese ahorro, porque en los últimos meses se le ha cuestionado su participación en contrataciones como las relacionadas con las tobilleras electrónicas para privados de libertad y la que implica comprar escáneres para los puertos. El Grupo ICE no se refiere, en particular, a esas contrataciones en un comunicado que envió hoy.

Además, el PLP recordó el informe DFOE-CIU-IF-00007-2022 de la Contraloría General de la República, donde “fueron identificadas una serie de debilidades en la planificación institucional a mediano y largo plazo respecto a la gestión financiera de la empresa”, además de carece de mecanismos de control para el financiamiento externo.

Según la comunicación institucional del ICE, “RACSA cuenta con una Junta Directiva y un Comité de Vigilancia que definen y dan seguimiento al marco estratégico y a las políticas que permiten su ejecución”.

Lamentablemente, la comunicación del ICE es bastante general y no desarrolla una defensa más concreta y específica sobre la funcionalidad y utilidad de la empresa cuestionada para el grupo.