- Las estadísticas del Poder Judicial de los últimos cuatro años demuestran que los ataques contra la justicia costarricense se basan en casos aislados presentados como regla general,.
Cuando en redes sociales circula un video indignado porque un juez concedió libertad condicional a un reo, rara vez aparece el dato que lo contextualiza: entre 2022 y 2025, los juzgados de Ejecución de la Pena rechazaron el 71% de las solicitudes de libertad condicional presentadas en todo el país. Solo el 1,6% fue declarado con lugar. Los números provienen de la Dirección de Planificación del Poder Judicial y abarcan los cuatro años completos de trabajo de todos los juzgados de esta materia en Costa Rica.
Ese es el registro total. No un caso. No dos. 14.226 trámites en cuatro años, con un promedio de 3.500 solicitudes por año. De ese universo, 10.089 fueron rechazadas o archivadas, 210 terminaron en revocatoria de beneficios ya otorgados, y apenas 234 fueron aprobadas.
La narrativa de que los jueces liberan a los presos con facilidad no resiste el contacto con la evidencia.
Los ataques al Poder Judicial se basan en desinformación, no en el registro real
El mecanismo es conocido: se toma un caso que genera indignación, se amplifica en redes y se convierte en símbolo de un sistema supuestamente podrido. Lo que nunca aparece en esa narrativa es el contexto estadístico, porque el contexto estadístico destruye el argumento.
Los juzgados de Ejecución de la Pena no se dedican únicamente a resolver solicitudes de libertad condicional. Ese trámite representó apenas el 19,4% de los 73.125 asuntos nuevos que ingresaron en el cuatrienio. El grueso del trabajo —el 53,4% de todos los casos— se concentró en modificaciones de pena y quejas de personas privadas de libertad, trámites que la ley obliga a resolver y que ningún titular de redes menciona. El restante 27,2% incluyó penas alternativas, monitoreo electrónico, unificación de penas y permisos especiales.
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Desacreditar al Poder Judicial a partir de uno o dos casos resonantes, ignorando decenas de miles de resoluciones, no es crítica legítima: es manipulación. Y esa manipulación tiene una dirección clara.
Las solicitudes de libertad condicional representaron apenas el 19,4% del total de trabajo de los juzgados de Ejecución de la Pena entre 2022 y 2025. El trámite que más ocupó a estos despachos fue la atención de quejas de personas privadas de libertad —un derecho constitucional— y las modificaciones de condena, que juntos superaron el 53% de todos los casos.
Debilitar la justicia es el primer paso hacia el autoritarismo
Los sistemas autoritarios no llegan anunciándose como tales. Llegan desacreditando primero las instituciones que los pueden frenar: la prensa, el sistema electoral, los tribunales. En Costa Rica, los ataques sostenidos contra el Poder Judicial —muchos de ellos impulsados o amplificados desde el propio Ejecutivo— siguen ese patrón con precisión.
Un Poder Judicial deslegitimado ante la opinión pública es un Poder Judicial más vulnerable a la presión política, menos capaz de actuar como contrapeso y más fácil de reformar a conveniencia. Los datos sobre libertad condicional no son solo estadísticas: son la demostración de que el sistema funciona con rigor, y de que quienes lo atacan con casos aislados no buscan mejorar la justicia, sino erosionarla. En una democracia, eso no es un debate académico: es una amenaza concreta.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) y revisada editorialmente antes de su publicación.
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