El Poder Judicial reacciona ante nueva acusación de Chaves por los beneficio de ejecución de la pena que el juzgado respectivo otorga a algunos reclusos.
El presidente Rodrigo Chaves aprovechó un dato del Ministerio de Justicia y Paz donde se revela que un 13% de las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología no coinciden con las resoluciones de los jueces de los juzgados de ejecución de la pena.
Mediante un comunicado, el Poder Judicial reiteró que “la concesión de beneficios penitenciarios por parte de los jueces de ejecución de la pena, tales como el régimen de confianza, la libertad condicional u otras medidas, no es arbitraria ni automática. Estas decisiones están reguladas por la legislación costarricense, específicamente por el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley General de Adaptación Social. Dichos beneficios están diseñados para promover la reinserción social de las personas privadas de libertad, siempre que se demuestre un cumplimiento efectivo de los requisitos legales y conductuales establecidos”.
Según el Judicial, “es importante destacar que los jueces de ejecución de la pena valoran una amplia gama de elementos para tomar estas decisiones”. Incluyen entre esos elementos, los siguientes:
- “El tiempo cumplido de la condena.
- La conducta del interno durante su reclusión.
- Las condiciones personales, familiares y sociales que permitan inferir una posible
reintegración exitosa. - Los informes del Instituto Nacional de Criminología (INC), entre otros elementos
probatorios”.
En función de lo anterior, la Corte recuerda que los informe del INC son insumos importantes, pero no vinculantes.
Esos informes son un elemento más a analizar por parte de los jueces, “pero siempre conserva la autonomía y la obligación de tomar decisiones basadas en la interpretación integral de la normativa y los principios de proporcionalidad, razonabilidad y justicia”, comunicó el Judicial.
Además se agrega que este beneficio “no es un privilegio, sino una herramienta jurídica diseñada para equilibrar el cumplimiento de la pena con los objetivos de la política penitenciaria costarricense: rehabilitar, reinsertar y prevenir la reincidencia delictiva”.
El Judicial también recordó que impulsa el proyecto de Ley de la Ejecución de la Pena, que se tramita actualmente bajo el número de expediente 24019, dictaminado afirmativamente el 24 de octubre pasado.
La iniciativa original surgió precisamente de la institución, en ella trabajaron expertos en la materia: letrados, jueces, defensores y magistrados. “La propuesta define plazos para que los jueces emitan resoluciones, se les dan deberes a las personas privadas de libertad y se regulan las funciones de las autoridades. En la actualidad, no existe una ley que ordene la política penitenciaria en Costa Rica, la cual está sujeta a los reglamentos que emitan los gobiernos de turno, cada cuatro años”, explica el Poder Judicial.



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